Opinión sobre la intención del gobierno dominicano con esta Ley y la verdadera necesidad de la misma .
La Ley No. 32-23 de Facturación Electrónica entró en vigencia el 16 de mayo de 2023 y tiene como objetivo principal modernizar y agilizar los procesos de facturación, promoviendo la automatización de la emisión, recepción y conservación de las facturas.
La intención principal que se adivina de la autoridad al promulgar esta ley parece ser la modernización y formalización del sistema tributario a través de la implementación de un sistema de facturación electrónica.
Esto puede interpretarse como un esfuerzo por:
Mejorar la eficiencia recaudatoria: al facilitar el seguimiento y fiscalización de las transacciones comerciales.
Combatir la evasión fiscal: mediante la estandarización y digitalización de las transacciones comerciales, cerrando así brechas que permiten la evasión y la economía informal.
Optimizar los recursos administrativos del Estado: a través de la digitalización de los procesos fiscales.
No obstante, desde otra perspectiva, es plausible interpretar esta ley como una manera de aumentar el control sobre los contribuyentes, encerrándolos en un “pasillo electrónico” que los conduce más estrictamente al cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Esto podría ser visto como una estrategia para asegurar que todos los actores económicos estén contribuyendo de manera justa y equitativa, pero también puede ser percibido como una medida que incrementa la carga administrativa y de vigilancia sobre los contribuyentes.
La implementación de la facturación electrónica de manera obligatoria por parte de un gobierno puede tener varias razones y motivaciones desde un punto de vista general y crítico. A continuación, se presentan algunas posibles explicaciones:
1. Mejora de la eficiencia administrativa: La facturación electrónica puede agilizar y simplificar los procesos administrativos relacionados con la recaudación de impuestos. Al automatizar la emisión, recepción y procesamiento de facturas, se reducen los errores y el tiempo necesario para llevar a cabo estas tareas. Esto permite a las administraciones públicas mejorar su eficiencia y obtener información más precisa sobre las transacciones comerciales, lo cual puede facilitar la gestión tributaria.
2. Reducción de la evasión fiscal: La facturación electrónica obligatoria puede combatir la evasión fiscal al proporcionar un mayor control y seguimiento de las transacciones comerciales. Al vincular electrónicamente las facturas con los registros tributarios, las autoridades pueden identificar más fácilmente las irregularidades y discrepancias en los registros contables de las empresas. Esto ayuda a reducir la evasión fiscal y aumentar la recaudación de impuestos.
3. Transparencia y lucha contra la corrupción: La implementación de la facturación electrónica puede aumentar la transparencia en las transacciones comerciales y reducir las oportunidades de corrupción. Al contar con registros electrónicos precisos y auditables, se reduce la posibilidad de manipulación y falsificación de facturas. Esto contribuye a fortalecer la confianza en el sistema tributario y en las administraciones públicas.
4. Modernización y alineación con estándares internacionales: La adopción de la facturación electrónica obligatoria puede ser parte de un esfuerzo más amplio de modernización del sistema tributario y de alineación con estándares internacionales. Muchos países están implementando la facturación electrónica como una práctica común en el ámbito comercial, y los gobiernos pueden buscar estar a la vanguardia en términos de tecnología y eficiencia administrativa. Además, la facturación electrónica puede facilitar el intercambio de información con otros países en el marco de acuerdos internacionales de intercambio de datos fiscales.
Si bien la implementación de la facturación electrónica obligatoria puede tener beneficios, también es importante considerar los posibles desafíos y preocupaciones asociados. Estos incluyen el costo de implementación para las empresas, la privacidad de los datos, la capacitación necesaria para utilizar el sistema y la accesibilidad para las pequeñas empresas o sectores económicos informales.
En cuanto a la posibilidad de que la ley tenga aspectos inconstitucionales, hay algunos aspectos que, en teoría, podrían ser revisados desde el punto de vista constitucional:
Derecho a la privacidad: La digitalización de la facturación puede suscitar preocupaciones respecto a la privacidad y el uso de los datos, dependiendo de cómo se maneje y proteja la información recolectada.
Igualdad ante la ley: Si los incentivos o cargas de la ley se aplican de manera desproporcionada entre diferentes grupos de contribuyentes, podría haber un argumento de trato desigual ante la ley.
Libre ejercicio de la actividad económica: Dependiendo de cómo se implemente, podría argumentarse que la ley impone cargas excesivas o requisitos que limitan innecesariamente el libre ejercicio de actividades económicas, especialmente para pequeñas empresas.
Acceso a la justicia: Si la ley no prevé mecanismos claros y accesibles para que los contribuyentes impugnen o apelen decisiones de la autoridad fiscal, podría plantearse una preocupación de acceso a la justicia.
Es importante aclarar que estos son aspectos generales que podrían, en algunos contextos, ser objeto de revisión constitucional.
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