En el panorama del Derecho Administrativo dominicano, el uso correcto de la terminología jurídica no es una cuestión meramente académica; es una necesidad práctica para garantizar la seguridad jurídica, proteger los derechos de los ciudadanos y evitar confusiones en la aplicación de las normas. Este artículo explora cómo la precisión en la denominación de actos y conceptos administrativos impacta la seguridad jurídica y se relaciona con el reciente desarrollo jurisprudencial en el país.
El Valor de Nombrar Correctamente en la Administración Pública
El lenguaje que emplean las instituciones públicas tiene un impacto directo en la claridad y eficacia de las decisiones administrativas. En la República Dominicana, términos como “resolución administrativa” o “acta administrativa” son a menudo utilizados de manera indistinta por algunas instituciones, lo que genera problemas interpretativos tanto para los ciudadanos como para los tribunales.
Esta falta de precisión puede dar lugar a impugnaciones legales que entorpecen la actividad administrativa y generan costos innecesarios. En muchos casos, los actos administrativos mal denominados son considerados nulos por vicios de forma, lo que evidencia la importancia de un lenguaje técnico adecuado.
El Caso de la Sentencia TC/0075/16
Un ejemplo destacado de la relevancia del lenguaje en el Derecho Administrativo dominicano es la sentencia TC/0075/16 del Tribunal Constitucional. En este caso, se analizó la constitucionalidad de varios artículos de la Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y del Código Penal dominicano.
El Tribunal abordó cuestiones relacionadas con la libertad de expresión y los límites del ius puniendi del Estado. Uno de los puntos clave fue la discusión sobre la “censura previa” y las “responsabilidades ulteriores”. En palabras del Tribunal:
“La naturaleza jurídica de los actos administrativos no depende exclusivamente de su denominación, sino de su contenido y efectos jurídicos concretos.”
En esta sentencia, se declaró la inconstitucionalidad de varios artículos de la Ley 6132 que imponían sanciones penales a directores de medios de comunicación por hechos de terceros, ya que violaban el principio de personalidad de la pena consagrado en la Constitución. Este análisis evidenció cómo el uso de términos jurídicos inadecuados en las leyes puede derivar en conflictos normativos y afectaciones a derechos fundamentales.
Lecciones para el Derecho Administrativo
La experiencia del caso TC/0075/16 resalta la necesidad de un lenguaje preciso en la legislación y en los actos administrativos. Una denominación errónea puede no solo generar confusiones interpretativas, sino también abrir la puerta a impugnaciones y nulidades. Este caso subraya que la claridad en los términos es esencial para garantizar que las disposiciones normativas sean consistentes con los principios constitucionales.
En el contexto de la administración pública dominicana, este enfoque tiene implicaciones prácticas inmediatas. Instituciones como el Ministerio de Administración Pública deben promover el uso uniforme de términos y garantizar que los funcionarios estén capacitados en su correcta aplicación.
Reflexión Final
El poder de la palabra en el Derecho Administrativo va más allá de lo que parece a simple vista. Nombrar correctamente no solo organiza el orden jurídico, sino que protege derechos fundamentales y asegura que la administración pública funcione con eficacia y justicia.
Como juristas, legisladores y ciudadanos, debemos exigir precisión en la normativa y en los actos administrativos. Solo así garantizaremos que las leyes cumplan su propósito y que los derechos de todos sean protegidos. Como suelo decir, “las palabras en el derecho son como el bisturí para un cirujano: el más mínimo descuido puede traer consecuencias irreversibles.”
