La falacia del control fiscal absoluto: Profesionales como agentes de cambio, no como enemigos del sistema

En la narrativa fiscal contemporánea, es común encontrar discursos que presentan a los profesionales —contadores, abogados, auditores y otros expertos— como actores sospechosos, potenciales facilitadores de la evasión fiscal y la corrupción. Esta visión, reflejada en publicaciones como el artículo «Graduarse en ilegalidades y desaparecer con estilo», difundido por el CIAT,https://www.ciat.org/ciatblog-graduarse-en-ilegalidades-y-desaparecer-con-estilo/ no solo es injusta sino también miope. Olvida que la verdadera solución a los problemas fiscales radica en sistemas justos y equitativos, y no en una fiscalización desmedida que erosiona la confianza entre contribuyentes y Estado.

El problema no es la profesión, sino el sistema.

La raíz de los problemas fiscales no está en los profesionales, sino en las fallas estructurales de los sistemas tributarios. Muchos de estos sistemas son regresivos, inequitativos y carecen de transparencia, incentivando la informalidad y la desconfianza. Según un informe de la CEPAL, en América Latina, el 50% de los ingresos tributarios proviene del consumo (IVA), mientras que los impuestos a la renta y al patrimonio representan una porción mucho menor. Esto carga desproporcionadamente a las clases medias y bajas, perpetuando la desigualdad.

Los profesionales, lejos de ser agentes de ilegalidad, son indispensables para navegar estas complejidades y garantizar que los contribuyentes cumplan sus obligaciones de manera eficiente y dentro del marco legal. Criminalizarlos como «expertos en la ilicitud» no solo es injusto, sino que evade el verdadero debate: ¿por qué los sistemas fiscales siguen siendo tan ineficientes e inequitativos?

El abuso del control estatal y sus consecuencias

El CIAT y otras instituciones suelen abogar por un endurecimiento de la fiscalización, justificándolo como necesario para combatir la evasión fiscal. Sin embargo, esta narrativa frecuentemente resulta en un abuso del poder coercitivo del Estado que:

1. Carga a los más vulnerables: Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los trabajadores independientes son los más afectados por auditorías desproporcionadas y regulaciones excesivas.
2. Genera desconfianza: Un Estado que persigue a sus ciudadanos bajo presunción de culpa solo aumenta la brecha entre gobernantes y gobernados.
3. Desincentiva la formalización: Los contribuyentes ven pocas ventajas en la formalidad si el sistema no les ofrece beneficios claros a cambio de sus aportes.

Ejemplo concreto:
En un caso reciente en España, la Agencia Tributaria impuso multas millonarias a pequeños autónomos por discrepancias menores en sus declaraciones, basándose en criterios que, años después, fueron declarados inconstitucionales. Este tipo de prácticas no combate la evasión, sino que persigue a los contribuyentes más débiles, dejando a las grandes corporaciones y estructuras multinacionales seguir beneficiándose de lagunas legales.

Los profesionales como aliados del cambio

En lugar de ser vistos como enemigos, los profesionales deben ser considerados aliados estratégicos en la construcción de sistemas fiscales más justos. Su labor no solo garantiza el cumplimiento tributario, sino que aporta valor en:

1. Transparencia financiera: Los profesionales ayudan a las empresas a cumplir con normativas complejas, promoviendo la formalización y fortaleciendo la economía.
2. Defensa de derechos: En sistemas que muchas veces tienden al abuso, los abogados y contadores actúan como defensores de los contribuyentes, asegurando que las sanciones sean proporcionales y legales.
3. Innovación fiscal: Profesionales capacitados pueden identificar áreas de mejora en los sistemas fiscales y proponer soluciones que beneficien tanto al Estado como a los contribuyentes.

La clave está en la equidad fiscal

Un sistema tributario verdaderamente funcional no necesita depender del miedo o de la coerción. Necesita equidad. Esto implica:

• Redistribuir la carga tributaria: Los impuestos al consumo deben reducirse en favor de gravámenes progresivos sobre la renta y el patrimonio.
• Simplificación normativa: La complejidad del sistema es un incentivo directo para la informalidad y la evasión. Un sistema claro y accesible reduce el margen de error y los costos de cumplimiento.
• Respeto al contribuyente: En lugar de criminalizar a los profesionales, el sistema debe proteger los derechos de los contribuyentes y reconocer su papel en la construcción del pacto social.

Conclusión: Construir, no perseguir

Los problemas fiscales no se solucionarán con discursos que demonizan a los profesionales o con un control estatal desmedido. Se necesita una visión equilibrada que reconozca la responsabilidad compartida entre el Estado, los profesionales y los ciudadanos.

Si realmente queremos combatir la evasión y construir sistemas fiscales sostenibles, debemos apostar por la confianza, la equidad y la colaboración, en lugar de perpetuar una narrativa punitiva que solo genera más desigualdad y desconfianza. Los profesionales son, y deben ser, agentes de cambio, no villanos de un sistema que, en muchas ocasiones, también los excluye.