Dinamarca acaba de abrir la última frontera de la propiedad privada: la de uno mismo
Durante meses hemos vivido subyugados por un espectáculo. Cada semana una máquina pinta como Velázquez, escribe como un jurista, compone como Bach o reconstruye la voz de un muerto para que cante una canción que nunca cantó. Aplaudimos. Compartimos. Nos asombramos. Y mientras aplaudíamos, no nos dimos cuenta de que el aplauso era, en realidad, la rendición.
Porque ha llegado el momento de decir algo incómodo: se acabó la etapa de admirar a la inteligencia artificial. Empieza la etapa de defendernos de ella. No por miedo reaccionario, sino por la razón más antigua del Derecho: cuando aparece un poder capaz de fabricar al ser humano, el ser humano necesita un título que lo proteja. Y ese título acaba de nacer en Copenhague.
Lo que de verdad ha hecho Dinamarca
Conviene desmontar primero la simplificación viral. No, Dinamarca no ha concedido un “copyright sobre tu cuerpo” en el sentido grandilocuente que circula por las redes. Lo que ha hecho es más sobrio y, precisamente por sobrio, más profundo.
El 26 de junio de 2025 el Gobierno danés y la oposición sellaron un acuerdo transversal —algo casi milagroso en política— para reformar la Ley de Derechos de Autor (ophavsretsloven). El borrador se publicó el 7 de julio, pasó consulta pública durante el verano y el 31 de octubre de 2025 fue notificado a la Comisión Europea por el procedimiento TRIS. La técnica elegida no es la propiedad intelectual clásica, sino un derecho conexo, el mismo género jurídico que protege a intérpretes y productores. Dos piezas:
- Un nuevo § 65a, que exige consentimiento del artista o intérprete para generar imitaciones digitales de sus actuaciones, con protección de hasta cincuenta años tras su muerte.
- Un nuevo § 73a, que reconoce a cualquier persona —no solo a las célebres— el derecho a impedir la difusión pública de imitaciones digitales realistas de sus rasgos personales: rostro, voz, cuerpo.
El ministro de Cultura, Jakob Engel-Schmidt, lo resumió con una frase que merece quedar para la historia jurídica: cada cual tiene derecho a su propio cuerpo, a su propia voz y a sus propios rasgos faciales, y la ley vigente no protege eso frente a la IA generativa. Y advirtió su verdadera ambición: exportar el modelo a toda la Unión Europea, aprovechando que Dinamarca presidió el Consejo de la UE en el segundo semestre de 2025.
Que nadie se confunda con la modestia del envoltorio. Cuando el legislador decide que la imitación de tu rostro requiere tu consentimiento previo, ha hecho algo que el Derecho occidental jamás había hecho: ha tratado la identidad humana como un activo con titular.
El fracaso silencioso del Derecho tradicional
Hasta ayer protegíamos fragmentos del individuo. El honor. La intimidad. La propia imagen. La reputación. La obra. Cada uno por su lado, con su propia llave y su propia cerradura. Era suficiente mientras falsificar a una persona exigía dinero, talento y tiempo.
Ese mundo ha muerto. Hoy basta una fotografía y unos segundos de audio para fabricar un doble que habla, gesticula, negocia, pide dinero, opina sobre política y firma —aparentemente— en tu nombre. No estamos ya manipulando información sobre una persona. Estamos manufacturando personas. Y contra eso, las viejas categorías llegan, como casi siempre, tarde y mal: el Derecho corre, la tecnología vuela.
Pero lo verdaderamente brillante del giro danés no es a quién protege, sino cómo lo protege. No obliga a la víctima a demostrar un daño. El modelo es agnóstico al daño: la infracción no nace de para qué se usó el deepfake, sino de si la persona lo consintió. Es el tránsito del “demuéstrame que te perjudicaron” al “demuéstrame que te autorizaron”. El consentimiento, no el agravio, pasa a ser el centro.
Conviene detenerse aquí, porque debajo de un tecnicismo se esconde una mutación de época. Durante siglos el Derecho fue reparador: actuaba después del golpe, medía la herida, tasaba la indemnización. El daño era la llave que abría la tutela. Lo que Dinamarca ensaya es un Derecho preventivo: la tutela se activa antes, por la simple ausencia de consentimiento, aunque no haya herida visible. Es la misma lógica que el Reglamento europeo de datos trasladó a nuestra información personal —donde basta tratar el dato sin permiso para infringir— migrando ahora hacia la identidad misma. Y esa migración no es un detalle técnico: reordena el Derecho civil, el constitucional, el tecnológico y el de protección de datos a la vez. Quien controla el consentimiento controla el acceso a la persona.
Una breve historia de la propiedad
Para entender la magnitud de lo que ocurre, conviene mirar atrás. La historia del Derecho puede leerse como la historia de aquello que el hombre fue capaz de llamar suyo.
Primero fue dueño de las cosas: la tierra, el ganado, la casa, el oro. La propiedad nació tangible, física, defendible con un muro y una espada.
Después, con la imprenta y la máquina de vapor, el hombre reclamó las creaciones de su ingenio: nació la propiedad intelectual, la patente, la marca. Por primera vez se protegió algo que no se podía tocar.
Más tarde llegó la imagen. El retrato, la fotografía y la televisión obligaron a inventar los derechos de imagen y de la personalidad: ya no bastaba con poseer cosas u obras; había que defender la apariencia frente a quien la captaba sin permiso.
En la era digital apareció una nueva frontera: los datos personales. Lo que decimos, compramos, buscamos y dónde estamos se convirtió en un patrimonio invisible que las leyes corrieron a proteger.
Y ahora se abre el último capítulo: la identidad digital. No tus cosas, no tu obra, no tu foto, no tus datos. Tú. Tu rostro reconstruido, tu voz clonada, tus gestos sintetizados. La propiedad ha hecho un viaje de cinco mil años desde el campo de cultivo hasta el espejo. Y ha llegado, por fin, a lo único que nunca creímos que necesitara defensa: nosotros mismos.
La nueva propiedad del siglo XXI
Aquí está el corazón del asunto, donde toda sensibilidad amante de la libertad debería detenerse.
Si mi casa es mía. Si mi automóvil es mío. Si la obra que escribo es mía. ¿Por qué mi rostro reproducido por una máquina no habría de ser mío? ¿Con qué legitimidad podría una corporación tecnológica explotar económicamente una réplica perfecta de mi voz, vender mi cara, monetizar mi gesto, sin pagarme ni preguntarme?
La identidad deja de ser únicamente un atributo de la personalidad para adquirir, además, una dimensión patrimonial. Y lo patrimonial, por definición, reclama un titular. Durante siglos el hombre luchó por ser dueño de la tierra; en el siglo XXI tendrá que luchar por seguir siendo dueño de sí mismo.
¿Y si ocurriera aquí?
Hagamos el ejercicio en clave dominicana, porque el problema deja de ser abstracto en cuanto cruza el Atlántico.
Imaginemos que mañana circula por WhatsApp un vídeo hiperrealista del Presidente de la República anunciando una guerra inexistente, o decretando una medida económica que jamás firmó. Imaginemos a un empresario cotizado comunicando, con su rostro y su voz, una quiebra falsa que desploma el valor de su empresa en cuestión de horas. Imaginemos a un juez leyendo, ante la cámara, una sentencia que nunca dictó.
¿Con qué nos defenderíamos hoy en la República Dominicana? Con fragmentos. Con el derecho a la propia imagen, con la protección de la intimidad y el honor del artículo 44 de la Constitución, con la Ley 172-13 sobre datos personales. Ninguna de esas herramientas fue concebida para un mundo en el que la persona entera puede fabricarse. Tendríamos que demostrar el daño después de que el daño —el pánico bursátil, la crisis institucional, la difamación— ya hubiera estallado y se hubiera propagado a la velocidad de un reenvío. Llegaríamos, como casi siempre, tarde.
Esa es la diferencia entre un modelo que repara y uno que previene. Y esa es la conversación que la República Dominicana —y toda Hispanoamérica— tendrá que afrontar más pronto que tarde.
El reverso: defenderse de la IA no es entregarse al Estado
Sería un mal artículo el que se quedara en el entusiasmo. Porque toda arma de defensa puede empuñarse como arma de censura.
Un derecho que permite ordenar la retirada de un contenido por reproducir mis rasgos es, también, una palanca formidable para silenciar la sátira incómoda, la crítica al poder o la investigación periodística. El propio texto danés lo sabe: excluye la caricatura, la sátira, la parodia, el pastiche, la crítica al poder y la crítica social. Pero —y aquí está la trampa fina— esas excepciones no operan de forma automática. Las decidirá un juez, caso por caso; y la excepción puede decaer si la imitación constituye desinformación. La aplicación, además, se canaliza por la maquinaria de retirada del Reglamento de Servicios Digitales, con plataformas amenazadas de multas si no borran.
Traduzcamos la letra pequeña: quien controla qué es “parodia legítima” y qué es “apropiación ilícita” controla, en buena medida, qué puede decirse de los poderosos. Defenderse de la máquina, sí. Pero no a cambio de entregar al Estado y a las plataformas la última palabra sobre nuestra propia cara. La defensa de la identidad debe nacer como un derecho del individuo frente a todos —incluido el poder—, no como un permiso del poder sobre el individuo.
El efecto dominó ya empezó
Esto no es una excentricidad escandinava. Estados Unidos tramita ya en el Congreso la NO FAKES Act, que aspira a un derecho federal sobre las réplicas digitales de las personas, después de haber aprobado la TAKE IT DOWN Act. La Unión Europea, empujada por la propia presidencia danesa, mira hacia una posible categoría común. América Latina recibirá tarde o temprano la onda expansiva.
Conviene la prudencia: en el momento de escribir estas líneas, la entrada en vigor prevista para Dinamarca —apuntada inicialmente al 31 de marzo de 2026— quedó en el aire tras la convocatoria de elecciones anticipadas. La reforma sigue su curso, pero el calendario es hoy incierto. No importa demasiado el tamaño del país ni la fecha exacta del decreto. Lo decisivo es la magnitud de la pregunta jurídica que ha planteado, y el umbral que ha cruzado el pensamiento del Derecho.
Coda
El problema de los deepfakes no es tecnológico. Es civilizatorio. Por primera vez en la historia, la humanidad se enfrenta a una tecnología capaz de producir seres humanos aparentes a escala industrial: la inteligencia artificial no fabrica imágenes, ni información, ni contenidos. Fabrica personas aparentes. Cuando la realidad puede fabricarse, la verdad deja de ser evidente y pasa a ser una conquista. Y cuando una civilización adquiere el poder de copiar personas, el Derecho no puede limitarse a proteger imágenes: debe decidir quién es dueño de la identidad que esas imágenes representan.
El Derecho nació para proteger lo que el hombre tenía. Después aprendió a proteger lo que el hombre creaba. Ahora tendrá que aprender a proteger algo mucho más difícil: lo que el hombre es.
Porque la gran pregunta jurídica del futuro ya no será quién creó la inteligencia artificial.
Será quién sigue siendo dueño del ser humano después de que la inteligencia artificial aprenda a copiarlo.
Jesús Sánchez-Reolid García, abogado en RD . Socio Director Fundador de DÓMINE ABOGADOS & ASESORES (tributario, administrativo, corporativo, arbitraje internacional). Máster Arbitraje UNIR.
