Durante décadas, las élites políticas, mediáticas y académicas vivieron en un ecosistema cómodo: controlaban casi todos los micrófonos. La opinión pública era, en buena medida, una conversación moderada desde arriba. Lo que no pasaba por el filtro de los grandes medios, las universidades y ciertos centros de poder, simplemente no existía a efectos políticos.
Ese mundo se ha acabado. No por una revolución ideológica, sino por una revolución tecnológica. Las redes sociales han roto el monopolio de la palabra. Y, ante ese nuevo escenario, una parte importante del establishment ha reaccionado con pánico moral: si la gente piensa “mal”, la culpa no es de sus decisiones ni de nuestras políticas; la culpa es de las redes, de los algoritmos, de la “desinformación”.
Desde mi mirada jurídica y sociopolítica, el debate no va de tecnología, sino de poder. Y la pregunta de fondo es sencilla: ¿queremos sociedades adultas que discutan en libertad, o queremos sociedades tuteladas en las que un conjunto de élites decida qué se puede decir y qué no?
I. Del monopolio de la palabra al desorden aparente
En el viejo modelo mediático, unos pocos actores concentraban la capacidad de seleccionar temas, enfoques y voces. No era un sistema perfecto, pero sí profundamente jerárquico. Los partidos tradicionales, los grandes periódicos y las instituciones académicas marcaban la agenda.
Ese “gatekeeping” elitista cumplía dos funciones: protegía al sistema de discursos considerados peligrosos, pero al mismo tiempo protegía a las élites de la crítica profunda. Muchas ideas populares pero incómodas nunca llegaban al centro del debate.
Con la expansión de las redes sociales, esa arquitectura se derrumba. Hoy cualquier ciudadano puede hablar, encontrar una audiencia y coordinarse con otros que piensan parecido. Lo que antes era murmullo de bar, ahora es tendencia mundial.
Desde el punto de vista de las élites, esto se percibe como caos. Desde el punto de vista democrático, es simplemente transparencia: por primera vez vemos, sin filtro, lo que una parte significativa de la sociedad realmente piensa, con sus luces y sus sombras.
II. Populismo: síntoma de un malestar, no virus importado de internet
Se ha instalado un relato cómodo: las redes sociales serían una especie de incubadora de populismo, odio y autoritarismo. Como si las sociedades occidentales hubieran sido ejemplares hasta que llegó el teléfono inteligente.
La realidad es menos tranquilizadora. El populismo no nace de Twitter, ni de vídeos cortos, ni de plataformas concretas. El populismo es la forma política que adopta un malestar acumulado cuando amplios sectores sociales sienten que:
– Las promesas de la democracia representativa no se cumplen.
– Las élites viven desligadas de las consecuencias de sus decisiones.
– Los grandes temas —inmigración, seguridad, desigualdad, crisis institucional, corrupción— se gestionan más desde el marketing que desde la verdad.
Las redes sociales no crean ese malestar; lo amplifican, lo visibilizan y le dan canales de expresión y organización. Por eso el establishment prefiere hablar de “desinformación” antes que hablar de pérdida de confianza. Es más cómodo culpar a un algoritmo que mirarse en el espejo.
III. La tentación autoritaria de la élite liberal
Ante este escenario, una parte importante del mundo liberal ha caído en una paradoja: dice defender la democracia, pero propone soluciones profundamente iliberales.
La respuesta refleja ha sido siempre la misma: más control. Más regulación de contenidos, más etiquetas, más programas contra la “desinformación”, más presión sobre plataformas tecnológicas para que silencien a quienes se consideran peligrosos o “inaceptables”.
Desde el derecho, esto plantea dos problemas serios.
Primero, se difuminan las fronteras entre lo que es verdaderamente ilícito —incitación directa a la violencia, apología de delitos, difamación grave— y lo que simplemente incomoda a una élite concreta. El concepto de “discurso de odio”, que en su origen debía ser una categoría jurídica excepcional y precisa, se convierte en un cajón de sastre donde cabe cualquier opinión fuerte que contradiga el consenso dominante.
He visto demasiados casos donde críticas legítimas a políticas migratorias se etiquetan como “xenofobia”, donde cuestionamientos a políticas de género se denuncian como “odio”, donde escepticismo ante consensos científicos temporales se clasifica como “negacionismo peligroso”. La pendiente es real y está bien documentada.
Segundo, se desplaza el centro de gravedad del debate público: ya no se trata de refutar una idea con mejores argumentos, sino de retirar esa idea del espacio visible. En lugar de convencer, se prefiere silenciar. En lugar de educar, se prefiere etiquetar.
Eso podrá producir una sensación de orden momentáneo, pero es profundamente inestable. Cuando amplios sectores de la población perciben que lo que piensan no se puede decir en público sin pagar un precio —profesional, social, reputacional—, no se vuelven más moderados; se vuelven más desconfiados y más radicales.
IV. Desinformación: un concepto que necesita precisión, no expansión
Reconozcámoslo: sí existe manipulación deliberada de la información. Siempre ha existido. Campañas de desinformación coordinadas, bots automatizados, operaciones de influencia extranjera —estos fenómenos son reales y plantean desafíos genuinos.
Pero el problema es que, en el debate público actual, “desinformación” se ha convertido en una categoría elástica que incluye tres cosas muy distintas:
- Manipulación industrial coordinada: operaciones sistemáticas con recursos significativos diseñadas para engañar a escala.
- Errores de buena fe: ciudadanos que comparten información incorrecta porque la creyeron cierta.
- Opiniones impopulares: posiciones legítimas que contradicen el consenso de las élites.
Una democracia madura debe responder de forma diferente a cada caso. A la manipulación industrial, con investigación y, cuando sea pertinente, con acción legal específica. A los errores de buena fe, con mejor información y pedagogía. A las opiniones impopulares, con debate y argumentos superiores.
Lo que no puede hacer una democracia liberal es tratarlos todos igual bajo el paraguas del “combate a la desinformación”, porque eso conduce inevitablemente a censurar lo que simplemente incomoda.
V. El verdadero déficit no es tecnológico: es de carácter y de argumentos
El problema de fondo no es que hayan aparecido nuevos discursos tóxicos. Discursos tóxicos ha habido siempre. El problema es que las élites que se autodefinen como “racionales”, “liberales” y “democráticas” han perdido el músculo de la persuasión.
Se han acostumbrado a hablar entre convencidos, a ser reverenciadas por el solo peso de su título, su cargo o su tribuna. Durante años bastaba con decir “los expertos dicen” para cerrar cualquier discusión. Ahora eso ya no funciona. Y en lugar de aceptar que deben bajar al nivel del ciudadano y argumentar, se refugian en un moralismo infantil: el que no coincide con mi visión no está equivocado, está “infectado”, es “deplorable”, “negacionista” o “radicalizado”.
Desde el punto de vista sociopolítico, este gesto es letal: cuando tú declaras que una parte de tus conciudadanos es “irredimible”, renuncias a gobernar para todos. Y cuando renuncias a convencerlos con razones, abres el camino para que otros los conquisten con relatos simplistas y emociones primarias.
Lo incómodo es que la evidencia empírica —y la experiencia práctica de cualquiera que discuta en serio fuera de su burbuja— apunta a lo contrario de lo que proclama ese fatalismo elitista. Las personas cambian de opiniones. No de golpe, no por un dato aislado, no porque un artículo les “explote la cabeza”, pero cambian. Reajustan sus creencias, matizan, corrigen. La condición es que alguien se tome el trabajo de hablarles en serio, con respeto, con firmeza y con tiempo.
Eso exige algo que el establishment ha perdido: coraje intelectual. Coraje para entrar en espacios hostiles, responder a preguntas incómodas, reconocer errores propios, admitir verdades parciales en el discurso del otro y, aun así, sostener una posición liberal robusta.
VI. El foro público no es un aula infantil
Como jurista, me resulta especialmente peligrosa la idea de que el espacio público debe gestionarse como una especie de aula escolar donde los ciudadanos son alumnos impresionables a los que hay que proteger de “malas influencias”.
Esa lógica conduce inevitablemente a una inflación normativa: cada conflicto discursivo termina en una petición de nueva ley, nueva sanción, nuevo filtro, nuevas obligaciones para las plataformas, nuevas competencias para los reguladores. El lenguaje se coloniza desde la administración.
La alternativa liberal clásica es más exigente, pero más digna:
– Reglas claras, precisas y excepcionales para lo que de verdad constituye un ilícito: amenazas directas, incitación inmediata a la violencia, difamación con dolo, fraude específico.
– Plena libertad para todo lo demás, aunque sea grosero, erróneo, incómodo o contrario al gusto de las élites.
– Respuesta frente a la mentira y la propaganda no mediante silenciamientos administrativos, sino mediante exposición pública, refutación argumentada y, solo cuando corresponda, sanción jurídica concreta con garantías procesales.
Una democracia madura no se construye protegiendo al ciudadano de la palabra ajena, sino entrenándolo a pensar, discriminar, comparar y decidir. Esa es la diferencia entre un pueblo soberano y un rebaño tutelado.
VII. América Latina, España y República Dominicana: un riesgo añadido
En nuestros contextos, el debate es aún más delicado.
En países con instituciones frágiles, con tradición autoritaria reciente y con sistemas de justicia sometidos a presiones políticas, hablar de “más regulación del discurso” equivale casi siempre a abrir la puerta a más control político del disentimiento.
No nos engañemos: las mismas herramientas que hoy se invocan para “proteger la democracia” pueden utilizarse mañana para blindar a un gobierno frente a la crítica o para perseguir minorías incómodas. He visto suficientes leyes contra la “difamación” convertirse en armas contra periodistas, suficientes “códigos de ética” usarse para intimidar voces disidentes, como para caer en la ingenuidad de creer que “esta vez será diferente”.
En sociedades polarizadas y fatigadas por la corrupción, la tentación de delegar en el Estado o en organismos “técnicos” la tarea de decidir qué es verdad y qué se puede decir es comprensible, pero profundamente peligrosa. Conozco demasiado bien el funcionamiento real de nuestras instituciones como para confiarles la custodia de la verdad.
Justamente por eso, desde nuestro lado del mundo deberíamos desconfiar de cualquier proyecto que implique entregar más poder discrecional a los censores, sean funcionarios, comités académicos, plataformas tecnológicas o consorcios internacionales de verificación. La defensa de la libertad de expresión y del pluralismo no es un lujo teórico; es una defensa preventiva frente al abuso.
VIII. Menos algoritmos, más argumentos
Lo más cómodo para las élites es insistir en este cuento: las redes sociales han arruinado la conversación pública, los ciudadanos se han vuelto irracionales y la única salida es que “los adultos” vuelvan a tomar el control del micrófono.
Yo no comparto ese diagnóstico. Las redes han exhibido algo incómodo: el liberalismo institucional se había vuelto perezoso, arrogante y dependiente del monopolio mediático. No se estaba imponiendo por la calidad de sus argumentos, sino por la ausencia de competencia real.
Hoy, por primera vez en mucho tiempo, las ideas liberales tienen que ganarse el respeto en igualdad de condiciones, sin ventaja estructural. Y eso no se consigue censurando a los demás, sino haciendo algo mucho más duro: salir a convencer.
Convencer a quien teme perder su identidad en medio de cambios culturales acelerados.
Convencer a quien asocia “élite liberal” con corrupción, impunidad o desprecio.
Convencer a quien ha sido despreciado tantos años que ya ni siquiera escucha.
No necesitamos nuevos filtros, ni nuevos ministerios de la verdad, ni nuevos pactos tácitos entre élites para repartirse el espacio de opinión. Lo que necesitamos es recuperar un músculo que nunca debimos atrofiar: el de la persuasión racional, directa, sin atajos paternalistas.
Las reglas del juego han cambiado. El monopolio de la palabra ya no existe. En este nuevo escenario, hay dos caminos: seguir reclamando más censores, o aceptar el reto de hablarle a una ciudadanía que ya no se deja domesticar tan fácilmente.
Quien crea en la libertad y en la dignidad del individuo debería tenerlo claro: no se defiende una democracia madura callando al que piensa distinto, sino confiando en que, a la larga, los mejores argumentos, expuestos sin miedo y sin privilegios, siguen teniendo fuerza suficiente para imponerse.
El resto es nostalgia de un monopolio perdido. Y con nostalgia no se construye futuro. Se construye con argumentos que resistan el fuego cruzado del debate abierto.
Esa es la única censura legítima que existe: la que impone la fuerza superior de la razón sobre el error. Todo lo demás es cobardía disfrazada de prudencia.
