El 5 de octubre Pedro Sánchez anunció elecciones generales para el 29 de noviembre, y al día siguiente el Boletín Oficial del Estado publicó la disolución de las Cortes. El 27 de junio, ante el Comité Federal de su partido, había asegurado que habría presupuestos en 2026 y elecciones en 2027. Entre una afirmación y otra pasaron poco más de tres meses. Un presidente puede adelantar elecciones; la Constitución se lo permite y nadie debe reprochárselo. Lo que una democracia no puede permitirse es acostumbrarse a que la palabra de quien gobierna no signifique nada. Este artículo trata de esa costumbre, y no va dirigido solo a quienes votan a Sánchez. Va dirigido a todos, también a quien lo escribe.
Dietrich Bonhoeffer dedicó su vida a una pregunta que hoy sigue siendo nuestra: qué le ocurre a la conciencia de un pueblo cuando el poder lo acostumbra a aceptar lo que antes habría rechazado. Conviene usar su pensamiento con rigor, porque la exageración es la manera más rápida de perder la razón. España no es la Alemania de 1933, Pedro Sánchez no es Hitler y nuestra democracia conserva jueces que juzgan, prensa que publica y urnas que deciden. No hace falta fingir la misma tragedia para aprender de la misma pregunta. Bonhoeffer no nos sirve como autoridad que certifica un diagnóstico, sino como un espejo incómodo.
El 1 de febrero de 1933, dos días después de la llegada de Hitler a la Cancillería, habló por la radio sobre la idea del líder. Advirtió que el dirigente que se deja convertir en ídolo deja de guiar y empieza a seducir, y que la autoridad legítima es la que se sabe limitada. La emisión fue interrumpida. Una década después, en Después de diez años, escrito entre finales de 1942 y comienzos de 1943, reflexionó sobre una forma de estupidez que nada tenía que ver con la inteligencia. Era la renuncia al juicio propio: personas cultas y honradas que, cuando se entregan a una causa o a un grupo, dejan de examinar los hechos y empiezan a descartar todo lo que contradice sus certezas. No escribió aquello para que llamáramos estúpidos a nuestros adversarios. Lo escribió para que cada uno se preguntara cuándo había dejado de pensar por sí mismo.
Con ese espejo conviene mirar la última década. En 2015 Sánchez afirmó que no pactaría con Bildu. En septiembre de 2019 dijo que no dormiría tranquilo con ministros de Podemos, y en enero de 2020 se sentaban en su Consejo de Ministros. En la campaña de ese mismo año se comprometió a traer a Puigdemont ante la justicia española. Antes de las elecciones de julio de 2023 su Gobierno sostenía que la amnistía no cabía en la Constitución, y meses después la amnistía fue la condición de su investidura, negociada precisamente con el dirigente al que había prometido traer. Cambiar de opinión es legítimo. Pero un cambio de opinión se explica, se razona y se somete al juicio de quienes creyeron en la opinión anterior. Cuando cada contradicción se llama generosidad o convivencia, las palabras dejan de servir para distinguir entre una rectificación honesta y una promesa abandonada por conveniencia.
La legislatura ha estado marcada también por los tribunales, y aquí la precisión es una obligación. José Luis Ábalos, ministro y secretario de Organización del PSOE, ha sido condenado por el Tribunal Supremo a más de veinticuatro años de prisión. Santos Cerdán, su sucesor en ese cargo, está investigado y llegó a pasar por prisión provisional. El fiscal general nombrado por el Gobierno fue condenado por el Supremo. David Sánchez, hermano del presidente, fue condenado por prevaricación y absuelto de tráfico de influencias en una sentencia que ha recurrido. Begoña Gómez irá a juicio ante un jurado popular, con la Fiscalía pidiendo su absolución. Son situaciones distintas y deben tratarse como tales; la presunción de inocencia ampara a quien no ha sido condenado en firme. Pero la responsabilidad política no se mide con el Código Penal. Se mide con la ejemplaridad, con los controles que un gobernante establece y con la manera en que responde cuando la confianza se deteriora. Atribuirlo todo al fango, a la prensa o a los jueces no es una respuesta. Es una forma de no darla.
También los pactos parlamentarios merecen examen. En una democracia pactar es legítimo y los gobiernos se forman con los votos que permite la Constitución. Pero un acuerdo no queda exento de crítica por ser legal. Durante estos años, fuerzas políticas cuyo objetivo declarado es que sus territorios dejen de formar parte de España han obtenido de un Gobierno que dependía de ellas lo que nunca habrían logrado del conjunto de los españoles: el perdón de quienes quebraron el orden constitucional en 2017 y tratamientos fiscales singulares que tensionan la igualdad entre ciudadanos. No hace falta descalificar a nadie para señalarlo. Basta comparar sus programas con lo concedido y preguntarse qué se pagó, con qué moneda y en beneficio de quién.
Y aquí el espejo de Bonhoeffer se vuelve hacia nosotros. El deterioro moral de una sociedad no empieza con grandes gestos. Empieza cuando la mentira se celebra como astucia si la dice alguien de nuestro lado, cuando una sentencia solo nos parece justa si perjudica al adversario, cuando antes de preguntarnos si algo es verdad nos preguntamos a quién beneficia que lo sea. Esa tentación no pertenece a un partido. Acecha al votante socialista que justifica lo injustificable, y acecha igualmente al opositor que sustituye el argumento por el insulto y convierte al adversario en enemigo. Bonhoeffer no pidió a sus compatriotas que odiaran mejor. Les pidió que volvieran a pensar.
La Constitución de 1978 nació de la voluntad de que los españoles no volvieran a vivir enfrentados ni sometidos a la voluntad de uno solo, y de que la soberanía perteneciera al pueblo en su conjunto. Honrar ese pacto no exige votar a un partido determinado. Exige algo más modesto y más difícil: no renunciar al juicio propio, exigir a cualquier gobernante, sea del color que sea, que su palabra valga, y pedir cuentas también a quienes hemos apoyado.
El 29 de noviembre no todos llegaremos a la misma conclusión, ni tenemos por qué. Pero todos podemos hacernos la misma pregunta antes de votar: qué grado de coherencia, de verdad y de responsabilidad estamos dispuestos a exigir a quien gobierne en nuestro nombre. Una nación grande y libre no se defiende con odio. Se defiende con conciencia. Y la conciencia, como la libertad, no se pierde de golpe: se pierde cada vez que dejamos de ejercerla.
Jesús Sánchez-Reolid García.