De cómo una operación militar en Caracas se vende como rutina administrativa—y qué significa eso para el Estado de Derecho
Poco después de la medianoche del 3 de enero, según información pública disponible, comandos estadounidenses irrumpieron en Caracas para capturar al presidente Nicolás Maduro. La operación habría dejado más de cincuenta guardias venezolanos muertos, cero bajas americanas, y un espectáculo que el presidente Trump comparó con “ver un programa de televisión”. Horas después, en Mar-a-Lago, Marco Rubio—Secretario de Estado y asesor de seguridad nacional—tomó el micrófono y explicó al mundo que todo aquello era, en realidad, perfectamente normal. Maduro había sido acusado formalmente en 2020. No era el presidente legítimo de Venezuela. Estados Unidos solo había ejecutado una orden de arresto pendiente. Nada que ver aquí; circulen, por favor.
La pregunta incómoda no es si la operación fue exitosa (aparentemente lo fue), ni siquiera si Maduro merecía ser removido (argumento razonable). La pregunta es otra: ¿cuándo dejó de ser necesario que una invasión militar pareciera una invasión? ¿En qué momento aprendimos a llamar “aplicación de la ley” a lo que generaciones anteriores habrían llamado, sin pestañear, acto de guerra?
No estamos ante un exceso puntual de un gobierno errático. Estamos ante un método: el uso calculado del lenguaje jurídico para anestesiar el juicio crítico, convertir la excepción en rutina, y fabricar legitimidad para el ejercicio desnudo del poder. Y cuando ese método funciona—cuando docenas de muertos, una soberanía pisoteada y un Congreso ignorado se venden como “operación policial”—algo fundamental se ha roto en nuestra relación con el Derecho.
I. EL PROBLEMA CONSTITUCIONAL: CUANDO LA FUERZA NECESITA UN NOTARIO, NO UN JUEZ
Los hechos, tal como han sido reportados, son simples y brutales. El 3 de enero de 2026, fuerzas especiales de Estados Unidos invadieron territorio venezolano, asaltaron el complejo militar Fuerte Tiuna, causaron la muerte de decenas de personas, capturaron al jefe de Estado de un país soberano y lo trasladaron a territorio estadounidense. Todo ello sin declaración de guerra, a falta de cualquier autorización conocida del Congreso, sin resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, y sin que mediara legítima defensa ni amenaza inminente contra Estados Unidos.
En términos del Derecho Internacional clásico, esto tiene un nombre técnico: agresión armada. En cualquier sistema constitucional medianamente serio, una operación de esta magnitud requiere autorización parlamentaria. La Constitución estadounidense es clara: corresponde al Congreso declarar la guerra. No al Presidente. No al Secretario de Estado. Al Congreso.
Pero Rubio no habló de guerra. Habló de ejecución de una orden judicial. Maduro, explicó, había sido acusado formalmente en 2020 por narcotráfico. El Departamento de Estado había ofrecido una recompensa de cincuenta millones de dólares por su captura. Maduro no era reconocido como presidente legítimo ni por la Unión Europea ni por varios países de la región. En consecuencia, lo ocurrido en Caracas no fue una invasión; fue un arresto.
El primer salto está ahí: convertir una acción de guerra en procedimiento administrativo. Y el salto funciona porque apela a nuestra familiaridad con el lenguaje del Derecho. Escuchamos “acusación formal”, “recompensa”, “orden de arresto”, “aplicación de la ley”, y nuestra alarma constitucional no se activa. El lenguaje técnico no solo describe la realidad; la reemplaza.
Es aquí donde cobra sentido lo que podríamos llamar homeostasis normativo-cognitiva: el mecanismo por el cual el ciudadano medio acepta como normal aquello que viene envuelto en lenguaje jurídico, incluso cuando el contenido es extraordinario. El ciudadano—y no pocos juristas—carecen de las herramientas mentales para desmontar esa operación retórica en tiempo real. La secuencia es demasiado rápida, demasiado técnica, demasiado envuelta en solemnidad institucional. Y cuando el desconcierto se instala, la tendencia natural es confiar en la autoridad que habla. Si el Secretario de Estado dice que es legal, probablemente lo sea. Si cita tratados, acusaciones previas y precedentes, ¿quién soy yo para dudar?
Pero el Derecho no se violó. Se instrumentalizó. Y eso es infinitamente peor. Porque una violación abierta genera resistencia, debate, movilización. Una instrumentalización exitosa genera aquiescencia. El sistema digiere el abuso, lo normaliza, y queda listo para la próxima vez.
Trump invocó la Alien Enemies Act, una ley de 1798 pensada para tiempos de guerra declarada, y la usó para deportar venezolanos sin audiencia, sin proceso, sin nada. Rubio lo justificó diciendo que los narcotraficantes son “enemigos” de Estados Unidos. La cuestión no es que la norma exista, sino que su activación sin guerra declarada vacía de contenido el sistema de frenos y contrapesos. ¿Alguien declaró la guerra a los narcotraficantes? No. ¿Alguien definió jurídicamente qué convierte a un inmigrante venezolano en “enemigo alienígena”? Tampoco. Pero la ley estaba ahí, en los libros, esperando a que alguien la desempolvara y la usara para un propósito que sus redactores jamás imaginaron.
El Derecho no murió. Simplemente aprendió a obedecer.
II. EL MECANISMO DE NORMALIZACIÓN: CÓMO SE FABRICA LA ACEPTABILIDAD DE LO INACEPTABLE
Marco Rubio no es el villano de esta historia. Es su función sistémica. No importa lo que Rubio piense en privado, lo que alguna vez defendió en el Senado, o lo que sus antiguos colegas digan que “traicionó”. Lo que importa es el rol que cumple: convertir lo extraordinario en ordinario, lo brutal en burocrático, lo inaceptable en procesable.
Y ese rol se ejecuta en fases perfectamente identificables.
Fase 1: La adulación pública como transferencia de legitimidad
Inmediatamente después del ataque a Caracas, Rubio tomó el micrófono en Mar-a-Lago y pronunció palabras que cualquier observador de autocracias reconocería al instante: “La gente necesita entender que este no es un presidente que solo habla, hace cartas y conferencias de prensa. Si dice que va en serio con algo, lo dice en serio. Este es un presidente de acción. Un presidente de paz.”
No estamos ante simple lealtad política. Estamos ante una operación de transferencia: Rubio—ex senador, abogado, conocedor del sistema, miembro respetado del establishment republicano—presta su capital institucional para blindar la decisión presidencial. Cuando Rubio dice “esto es normal”, no lo dice como vocero; lo dice como certificador. Su firma institucional valida el acto.
Y funciona. Porque Rubio habla el lenguaje de las instituciones, conoce los códigos, cita precedentes. No grita; explica. Y la explicación calmada, técnica, institucional, es la anestesia perfecta para el escándalo.
Fase 2: La equivalencia falsa como táctica de distracción
Días después de la operación, Rubio apareció en el programa Face the Nation y enfrentó la comparación inevitable: ¿no es esto como Irak? ¿Otro país petrolero, otro autócrata derrocado, otra intervención que promete ser rápida y termina siendo un pantano?
Rubio no negó las similitudes. Las descalificó: “Mucha gente analiza todo lo que pasa en política exterior a través de la lente de lo que ocurrió entre 2001 y 2016. Esto no es Medio Oriente. Y nuestra misión aquí es muy diferente.”
Técnica retórica clásica: controlar el marco de comparación. No se discute el fondo (¿tenía Estados Unidos derecho a intervenir en Venezuela?), sino la forma (¿se parece esto a Irak?). Y una vez que logras que el debate público gire en torno a esa pregunta, ya ganaste. Porque incluso si admites que hay similitudes, siempre puedes insistir en que “las diferencias son más importantes”.
La discusión constitucional—autorización del Congreso, soberanía, proporcionalidad—queda fuera de cuadro. Y Rubio puede salir del estudio habiendo “respondido” a la crítica sin haber concedido un milímetro.
Fase 3: La disciplina informativa como control institucional
Pero la verdadera maestría del sistema no está en lo que Rubio dice en público. Está en lo que dice—y no dice—en privado.
Semanas antes de la operación en Caracas, el enviado presidencial Steve Witkoff había negociado un plan de paz de 28 puntos con Rusia que, en la práctica, entregaba a Putin mucho de lo que pedía en Ucrania. El plan generó alarma en el Senado. Rubio fue convocado para dar explicaciones en una sesión clasificada.
Según varios senadores presentes, Rubio les aseguró que el plan de Witkoff era simplemente “la lista de deseos de Moscú”, transmitida a la Casa Blanca pero sin respaldo oficial. El senador Mike Rounds lo dijo en conferencia de prensa: “Rubio dejó muy claro que ese no es nuestro plan de paz. Es una propuesta que recibimos, nada más.”
Rubio lo negó públicamente. Pero el daño ya estaba hecho: el plan de Witkoff perdió impulso. La controversia lo quemó. Y Rubio pudo salir de la jugada habiendo protegido la posición de línea dura frente a Rusia sin confrontar abiertamente al Presidente.
La lección es clara: quien controla la información clasificada, controla la narrativa. Los senadores no tienen acceso directo a los cables diplomáticos, a las transcripciones de las llamadas con Lavrov, a los memorandos internos del Departamento de Estado. Dependen de lo que Rubio les cuente. Y Rubio cuenta lo suficiente para parecer transparente, pero nunca tanto como para perder el control.
Fase 4: La recompensa al leal, el silencio al coherente
Tras el operativo en Venezuela, Rubio fue omnipresente en los medios, celebrado, consultado, visible. Mientras tanto, J.D. Vance—el vicepresidente, supuesto rival de Rubio para 2028—permaneció extrañamente silencioso.
No hace falta ser maquiavélico para entender el mensaje: la lealtad se premia, la coherencia se margina. Rubio abandonó posiciones que defendió durante años (ayuda exterior, derechos humanos, multilateralismo), y a cambio obtuvo poder, acceso, protagonismo. Otros funcionarios que intentaron mantener principios fueron marginados, despedidos, o nunca llegaron a posiciones de influencia.
El sistema no necesita purgas. Le basta con incentivos bien calibrados. Y Rubio entiende perfectamente cómo funcionan.
III. LAS CONSECUENCIAS INSTITUCIONALES: EL PRECEDENTE QUE NADIE QUIERE NOMBRAR
Lo ocurrido en Venezuela no es un episodio aislado. Es un precedente. Y los precedentes no se miden por lo que permiten hoy, sino por lo que harán imposible prohibir mañana.
1. Erosión del control parlamentario
Rubio justificó la operación sin autorización del Congreso alegando que se trataba de una “misión activada por eventos”, demasiado sensible para compartirla con los legisladores. La lógica es impecable—y aterradora: cualquier operación puede ser declarada “sensible” a posteriori.
Planteo el siguiente ejemplo no como paralelismo político, sino como test de coherencia constitucional: ¿Qué pasaría si el presidente Abinader decidiera lanzar una operación en territorio haitiano para “capturar narcotraficantes” y luego declarara que no pudo consultar a la Cámara de Diputados porque la misión era “demasiado delicada”? ¿Aceptaríamos esa justificación? ¿O la consideraríamos un quiebre constitucional?
La diferencia entre un sistema presidencialista robusto y una autocracia con elecciones es, precisamente, la capacidad del Legislativo de controlar al Ejecutivo en tiempo real. Cuando ese control se vuelve teórico, opcional, sujeto a la “discreción” del Presidente, el sistema colapsa. Puede que sigan habiendo elecciones, debates, comisiones. Pero serán teatro institucional.
2. Doctrina del doble estándar: soberanía para los demás, intervención para los adversarios
Trump pasó meses amenazando con anexar Canadá, reclamar Panamá, y comprar Groenlandia. En cada caso, invocó la soberanía estadounidense, el interés nacional, el derecho a proteger sus fronteras. Rubio respaldó cada una de esas posturas.
Pero cuando se trató de Venezuela, la soberanía dejó de importar. Maduro “no era legítimo”. El pueblo venezolano “merecía ser liberado”. El petróleo venezolano “necesitaba protección”. Y, por tanto, Estados Unidos tenía derecho—no, tenía el deber—de intervenir.
No se trata de hipocresía personal. Esto es doctrina aplicada: la soberanía es un argumento útil cuando protege mis intereses, y un obstáculo prescindible cuando los amenaza.
El problema no es que Estados Unidos aplique esta lógica. El problema es que, cuando lo hace, destruye la base normativa que sostiene el orden internacional. Si el garante del sistema es el primero en pisotearlo, ¿por qué habría de respetarlo nadie más?
El Derecho Internacional no muere por decreto. Muere por indiferencia selectiva. Y cada vez que una potencia justifica su intervención con argumentos que niega a los demás, el sistema entero se degrada un poco más.
3. El efecto contagio: cuando la confianza se quiebra, no se repara con discursos
Un ministro de Relaciones Exteriores europeo declaró: “Ya no confiamos en que Estados Unidos vendría en nuestra ayuda si Rusia nos atacara. Crecimos en el espíritu transatlántico. Había claridad estratégica sobre la voluntad de Estados Unidos de defender Europa. Ahora hay ambigüedad estratégica. Estados Unidos ya no es un aliado confiable.”
Esto no es retórica. Es cálculo estratégico. Los gobiernos europeos están rearmándose, buscando acuerdos bilaterales con otros socios, y diseñando planes de defensa que asumen que Estados Unidos podría no estar ahí cuando se le necesite.
¿Y por qué? Porque han visto a Rubio justificar lo injustificable, han visto promesas rotas sin consecuencias, han visto tratados ignorados y aliados humillados en público. Y han sacado la conclusión lógica: si las reglas no aplican para Estados Unidos, entonces no hay reglas.
Nathalie Tocci, directora del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma, lo dijo sin rodeos: “Toda esta adulación a Trump, la humillación que nos infligimos a nosotros mismos, no nos va a llevar a ningún lado. Hay una ruptura estructural. Todos entendemos que no vamos a volver a los buenos viejos tiempos de la asociación transatlántica.”
Cuando la confianza se quiebra a este nivel, no se repara con discursos. Se necesitan décadas de comportamiento consistente. Y cada vez que un Rubio sale a “explicar” por qué esta vez fue diferente, la brecha se ensancha.
4. El costo para el Derecho como disciplina: cuando el abuso se vuelve técnicamente correcto
Hay una escena reveladora. Rubio visita la embajada estadounidense en Ciudad de Guatemala y habla con los funcionarios sobre los recortes masivos en ayuda exterior que Elon Musk acababa de imponer. Según alguien presente, Rubio les dice que no sabía que esos recortes vendrían, que no estaba de acuerdo, y que lucharía para revertirlos.
Semanas después, Rubio testifica ante el Comité de Apropiaciones del Senado y dice exactamente lo contrario: “El equipo DOGE no hizo nada. Fui yo. Yo tomé las decisiones. Recuerdo estar en un hotel—creo que en Guatemala—revisando, línea por línea, hojas de cálculo de contratos que fueron cancelados.”
¿Mintió en Guatemala? ¿Mintió en el Senado? ¿O simplemente dijo lo que cada audiencia necesitaba escuchar?
No importa. Porque el verdadero daño no es la mentira puntual. Es la erosión de la confianza en que las palabras significan algo. Si un Secretario de Estado formado en Derecho, ex senador, ex profesor, puede decir una cosa en privado y lo contrario en público sin que pase nada, ¿qué queda del Derecho como límite al poder?
El Derecho no es un conjunto de normas escritas. Es un sistema de confianza mutua en que esas normas se aplicarán de manera predecible, imparcial, y vinculante para todos. Cuando esa confianza se rompe, las normas siguen en los libros, pero dejan de importar. Y lo que queda es puro poder, disfrazado de legalidad.
IV. TRES LECTURAS PARA UN CONSTITUCIONALISTA INCÓMODO
La primera lectura de esta historia es obvia: Marco Rubio como caso de estudio de un político que sacrificó principios por poder. Es una lectura válida, pero insuficiente. Porque convierte el problema en un asunto de carácter personal, y el carácter personal no explica sistemas.
La segunda lectura—la mía—es estructural: el verdadero peligro no es el político sin principios, sino el sistema que premia esa conducta y la viste de legalidad. Rubio no es una anomalía; es un producto óptimo. Entiende las reglas del juego, las ejecuta con precisión, y prospera precisamente porque nunca confunde sus convicciones con sus intereses.
Otros lo intentaron y fracasaron. Charlie Crist se negó a atacar a Obama y perdió la primaria. Los miembros del “Gang of Eight” que defendieron la reforma migratoria fueron marginados o derrotados. Los funcionarios del Departamento de Estado que intentaron preservar programas de derechos humanos fueron despedidos.
El mensaje es claro: el sistema no tolera la coherencia. Tolera la adaptabilidad, la lealtad táctica, la capacidad de justificar hoy lo que ayer condenaste. Y recompensa generosamente a quienes dominan ese arte.
La tercera lectura—la universal—es la más inquietante: lo que pasó en Caracas puede pasar en cualquier sitio donde se den tres condiciones:
Primero, el poder ejecutivo controla el lenguaje técnico y puede envolver decisiones políticas en retórica jurídica que el ciudadano medio no puede desmontar.
Segundo, el poder legislativo carece de información, coraje, o incentivos para ejercer control real sobre el ejecutivo.
Tercero, la opinión pública no distingue entre “legal” y “legítimo”, y confía en que si algo se presenta como Derecho, probablemente lo sea.
Cuando esas tres condiciones confluyen, el Estado de Derecho no muere de un golpe. Muere de asfixia lenta, rodeado de memorandos, conferencias de prensa, y funcionarios bien vestidos que explican pacientemente por qué todo está en orden.
EPÍLOGO: LA MORALEJA DEL PODER
Marco Rubio no inventó nada. Simplemente ejecutó, con notable eficiencia, un manual que lleva siglos escribiéndose: cómo usar el Derecho para blindar el poder, cómo convertir la fuerza en procedimiento, cómo hacer que docenas de muertos y una operación militar parezcan trámites administrativos.
Y funcionó. Porque vivimos en una época en la que la forma ha devorado al fondo, en la que la capacidad de justificar importa más que la justicia de lo justificado, en la que un Secretario de Estado puede pararse frente a las cámaras y decir, con toda seriedad, que intervenir en un país extranjero fue simplemente “aplicar la ley”.
El Derecho nunca ha sido violado. Simplemente ha sido reeducado para servir. Y el día que aceptemos eso como normal, habremos perdido no solo el Estado de Derecho, sino la capacidad misma de reconocer su ausencia.
Por eso importa exigir claridad. Por eso importa exigir límites. Por eso importa insistir, con terquedad casi patológica, en que las palabras deben significar lo que dicen. Que “intervención” no puede llamarse “arresto”. Que “operación militar” no puede llamarse “aplicación de la ley”. Que “excepción” no puede normalizarse hasta volverse rutina.
Porque si perdemos esa batalla del lenguaje, todas las demás batallas están perdidas de antemano.
Y Rubio lo sabe. Por eso ganó.
Jesús Reolid
Abogado. Presidente de DÓMINE ABOGADOS & ASESORES
NOTA DE FUENTES
Este artículo se basa en información de fuentes públicas y análisis de documentos institucionales accesibles. Las principales referencias son:
1. Dexter Filkins, “How Marco Rubio Went from ‘Little Marco’ to Trump’s Foreign-Policy Enabler”, The New Yorker, 12 de enero de 2026. Perfil extenso sobre la trayectoria política de Rubio y su rol como Secretario de Estado.
2. Carta de las Naciones Unidas, Artículo 2(4) sobre prohibición del uso de la fuerza; Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General (1974) sobre definición de agresión. Textos fundacionales del Derecho Internacional público sobre uso de la fuerza entre Estados.
3. Constitution of the United States, Article I, Section 8 (War Powers Clause). Constitution Annotated, Congressional Research Service. Análisis de la distribución constitucional de poderes de guerra entre Congreso y Presidente.
4. Alien Enemies Act (50 U.S.C. §§ 21–24), promulgada en 1798. Ley federal que autoriza la detención y deportación de nacionales de países enemigos en tiempo de guerra declarada. Análisis disponible en: Brennan Center for Justice, “The Alien Enemies Act Explained” (2024).
5. U.S. Department of State, “Narcotics Rewards Program: Nicolás Maduro Moros” (actualizado 2020). Programa oficial de recompensas por información sobre narcotraficantes.
6. Senator Jeanne Shaheen (D-NH), “Report on the Impact of Foreign Assistance Cuts in Asia, Africa, and Latin America”, Senate Foreign Relations Committee (2025). Documento de 91 páginas sobre consecuencias de los recortes a USAID.
7. Reuters, “Venezuela oil reserves and U.S. strategic interests” (enero 2026). Reportaje sobre las reservas petroleras venezolanas y su relevancia geopolítica.
El autor asume plena responsabilidad por el análisis, interpretaciones y conclusiones expresadas en este artículo.
