Por Jesús Reolid
El anuncio de que Cataluña podría gestionar y recaudar de forma íntegra el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) no es una medida técnica, ni un ajuste administrativo, ni mucho menos una solución fiscal pactada en igualdad. Es una concesión política disfrazada de autonomía, un pago a plazos por mantenerse en el poder, y un ataque directo a los pilares fiscales que sostienen la cohesión territorial del Estado español.
No nos engañemos: esta transferencia no responde a criterios de eficiencia ni de corresponsabilidad fiscal. No hay ningún informe técnico que recomiende otorgar a una comunidad rica, con mayor capacidad fiscal que la media, el control absoluto de un impuesto central en la estructura de ingresos del Estado. No se trata de corregir desequilibrios, sino de consolidar privilegios bajo la narrativa de la singularidad.
El verdadero motivo: supervivencia política
El trasfondo es claro. Un Gobierno central en minoría ha optado por ceder competencias estratégicas a cambio de apoyo parlamentario, sin importarle el coste institucional. Y cuando se cede el IRPF —el impuesto más importante del sistema tributario español, responsable de casi un tercio de los ingresos públicos— lo que se entrega no es solo recaudación: se entrega soberanía fiscal.
Este tipo de acuerdos bilaterales son el síntoma más evidente de un Estado que ya no se atreve a defender su arquitectura común. Cuando la geometría variable se convierte en regla, la igualdad se convierte en papel mojado.
¿Qué significa ceder el IRPF?
El IRPF no es un impuesto cualquiera. Es progresivo, redistributivo y estructuralmente solidario. No solo redistribuye entre personas, sino entre territorios. Alimenta el sistema de financiación autonómica y garantiza que cualquier ciudadano, viva donde viva, tenga acceso a educación, sanidad o dependencia en condiciones razonablemente equivalentes.
Ceder su control total a una sola comunidad —precisamente una de las más prósperas— supone:
Vaciar al Estado de una de sus herramientas fundamentales de redistribución. Crear una asimetría fiscal injustificable fuera del marco foral. Romper el principio de igualdad tributaria entre ciudadanos españoles según su lugar de residencia. Fragmentar la lucha contra el fraude, multiplicando sistemas de gestión y debilitando la eficacia inspectora.
Una fractura en el modelo común
El problema no es solo la cesión. El problema es el precedente. Si Cataluña tiene IRPF propio, ¿por qué no Madrid, Andalucía o Galicia? ¿Qué lógica podrá sostener el principio de igualdad de trato ante la Hacienda Pública?
La arquitectura fiscal española se basa en un modelo mixto: cesión parcial con normas comunes. Si esa base se quiebra por acuerdos coyunturales, el Estado se queda sin músculo para igualar oportunidades, reducir desigualdades y sostener su legitimidad territorial. En otras palabras: el Estado pierde su razón de ser fiscal.
¿Y los regímenes forales?
Muchos se escudan en los regímenes históricos del País Vasco y Navarra. Pero esos modelos, aunque constitucionales, no son replicables sin romper el sistema común. Ya son suficientemente injustos y desiguales. Exportarlos como modelo general —y hacerlo además por vía de hecho— sería cavar la tumba de la Hacienda Pública estatal.
En lugar de extender el privilegio, la verdadera reforma pendiente es revisar con valentía esas excepciones históricas. Esas diferencias ya no pueden sostenerse ni desde la equidad, ni desde la funcionalidad, ni desde una visión moderna de Estado.
No es técnica, es ruptura
Este asunto no es técnico, ni fiscal, ni administrativo. Es político en estado puro. Es una renuncia institucional al modelo de solidaridad y redistribución que vertebra el Estado del bienestar. Es abdicar de la idea de país compartido, de justicia territorial, de igualdad ante la carga y el beneficio.
Los impuestos no solo financian servicios. Son el reflejo de un contrato social, de un consenso mínimo sobre qué es vivir en común. Si ese contrato se descompone por intereses inmediatos, la consecuencia no será solo una Hacienda más débil: será una democracia más frágil.
El problema no es que Cataluña quiera más.
El problema es que el Gobierno está dispuesto a darle lo que no debería poder ceder.
Y lo peor: ni siquiera lo esconde.
