Un análisis del modelo de seguridad de Bukele en perspectiva comparada
Introducción
En cinco años, El Salvador pasó de registrar 103 homicidios por cada 100,000 habitantes a menos de 8 —una transformación que desafía décadas de fracasos en la región. Nayib Bukele logró lo que parecía imposible: quebrar el poder territorial de las maras. Sin embargo, este éxito plantea una pregunta fundamental que trasciende las fronteras salvadoreñas: ¿pueden coexistir la efectividad inmediata y la sostenibilidad institucional en contextos de crisis extrema?
El triunfo innegable: datos concretos
Los números son contundentes. Entre 2019 y 2024, los homicidios cayeron un 92%, las extorsiones prácticamente desaparecieron, y la percepción de seguridad se disparó del 17% al 95% según encuestas de opinión pública. Para contextualizarlo: El Salvador pasó de ser el país más violento de América Latina a tener tasas de homicidio menores que Estados Unidos o Brasil.
Este cambio se tradujo en libertad de movimiento real para millones de salvadoreños que durante décadas vivieron bajo toque de queda informal impuesto por las pandillas. Madres que no podían visitar a sus hijos en el barrio vecino, comerciantes que cerraban a las 4 PM, jóvenes que no podían cruzar fronteras invisibles entre colonias. La “libertad formal” de la que gozaban en el papel era inexistente en la práctica.
El método fue brutal pero eficaz: más de 75,000 arrestos en estado de excepción, construcción de megaprisiones con capacidad para 40,000 reclusos, y neutralización sistemática de estructuras criminales que operaban como paraestados.
El costo institucional: ¿temporal o permanente?
La crítica central al modelo Bukele es válida: la excepcionalidad se normalizó. El estado de excepción, renovado más de 30 veces consecutivas, suspendió garantías constitucionales básicas. Sin embargo, aquí surge una distinción crucial que a menudo se pasa por alto.
Estados de excepción históricos exitosos: Francia durante el terrorismo argelino (1955-2005 intermitentemente), Reino Unido durante el IRA (1922-1972), Colombia con el narcotráfico (1984-1991), todos implementaron medidas excepcionales que posteriormente fueron normalizadas sin colapso democrático. La clave está en la gradualidad de la transición y la preservación de núcleos institucionales básicos.
El caso salvadoreño presenta particularidades: A diferencia de otros autoritarismos latinoamericanos, mantiene elecciones competitivas, prensa crítica activa (aunque bajo presión), y oposición parlamentaria funcional. La represión se ha focalizado específicamente en estructuras criminales, no en la oposición política sistemática.
Sin embargo, las señales preocupantes son reales: interferencia en el Poder Judicial, purgas en la Fiscalía General, y uso creciente del aparato estatal para atacar críticos. La tentación autoritaria que identifica el análisis original es empíricamente observable.
La dimensión económica: un panorama complejo
Contrario a la afirmación original sobre el deterioro económico, los datos presentan un panorama más matizado:
Indicadores positivos: El PIB creció 2.8% en 2023 (por encima del promedio regional), el desempleo bajó del 7% al 4.8%, y las remesas alcanzaron récord histórico ($8,100 millones en 2023). El turismo se recuperó un 40% respecto a niveles pre-pandemia.
Persistencia de problemas estructurales: La informalidad laboral sigue en 68%, la inversión extranjera directa no repunta significativamente, y la dependencia del bitcoin generó volatilidad fiscal adicional.
El verdadero reto: La ausencia de una estrategia integral post-seguridad. La reducción de la violencia no se ha traducido en programas masivos de generación de empleo juvenil, modernización educativa, o diversificación productiva. Aquí reside el talón de Aquiles del modelo: la seguridad puede ser condición necesaria para el desarrollo, pero no es condición suficiente.
Perspectiva comparada: lecciones regionales
El contraste con Honduras y Guatemala es revelador. Ambos países mantuvieron marcos legales “más respetuosos” con los derechos humanos, pero sus tasas de homicidio (38 y 22 por 100,000 respectivamente) siguen siendo 4-5 veces superiores a las salvadoreñas. La pregunta incómoda es: ¿cuántas vidas vale la pureza institucional?
El modelo colombiano bajo Álvaro Uribe (2002-2010) presenta paralelismos: estado de conmoción interior, “seguridad democrática”, y resultados efectivos contra grupos armados. Colombia logró posteriormente una transición hacia la normalización institucional, aunque con costos en polarización política que perduran.
La experiencia ecuatoriana reciente bajo Daniel Noboa muestra un intento de replicar elementos del modelo salvadoreño con resultados iniciales prometedores, sugiriendo que la experiencia puede tener aplicabilidad regional.
El espectáculo del poder: entre legitimidad y propaganda
La crítica sobre la espectacularización es acertada pero incompleta. Bukele construyó un relato visual poderoso —prisioneros en fila, megaprisiones, operativos televisados— que funciona como disuasión tanto como propaganda.
Sin embargo, este “marketing de la seguridad” responde a una demanda social real. Las encuestas muestran que el 85% de los salvadoreños aprueban estas medidas, incluso conociendo sus costos en derechos humanos. La legitimidad no proviene solo de la manipulación mediática, sino de resultados tangibles en la vida cotidiana.
El riesgo real: Cuando el éxito depende del carisma personal más que de instituciones sólidas, la sostenibilidad queda comprometida. ¿Qué ocurre con el modelo post-Bukele?
Escenarios futuros: mutación criminal y adaptación estatal
La advertencia sobre la “mutación criminal” requiere matices. Evidencia preliminar sugiere tres tendencias:
- Desplazamiento geográfico: Actividad criminal hacia Guatemala y Honduras
- Sofisticación operativa: Menor visibilidad, mayor uso de tecnología, conexiones transnacionales
- Adaptación generacional: Los jóvenes que no fueron encarcelados desarrollan estrategias más sutiles
Sin embargo, la capacidad del Estado salvadoreño para adaptarse también ha crecido. La inteligencia policial se modernizó, la cooperación internacional se fortaleció, y existe mayor capacidad de respuesta rápida.
Alternativas históricas: ¿qué más se pudo hacer?
Una evaluación honesta debe preguntarse: ¿existían alternativas realistas al modelo Bukele?
Programas de prevención social: Países como Costa Rica invirtieron décadas en educación y reducción de desigualdad, pero partían de condiciones iniciales completamente diferentes.
Negociación con pandillas: El Salvador intentó esta ruta entre 2012-2014 con resultados mixtos. La tregua redujo temporalmente homicidios pero fortaleció organizacionalmente a las maras.
Reformas graduales del sistema judicial: Esta estrategia, defendida por organismos internacionales, requería décadas que El Salvador quizás no podía permitirse con 18 muertes diarias.
La realidad incómoda es que ninguna alternativa probada en contextos similares había logrado resultados comparables en plazos similares.
Dilemas éticos y sostenibilidad
El modelo Bukele plantea tres dilemas fundamentales:
Dilema de la urgencia: ¿Puede un Estado democrático permitirse ritmos graduales cuando enfrenta una emergencia humanitaria? Los 18,000 homicidios anuales pre-Bukele representaban una violación masiva de derechos humanos que el Estado no lograba contener.
Dilema de la proporcionalidad: ¿Son los costos institucionales actuales proporcionalmente menores que el sufrimiento social previo? Esta evaluación requiere considerar tanto víctimas directas de la violencia como víctimas de la represión estatal.
Dilema de la sostenibilidad: ¿Puede un modelo exitoso a corto plazo generar las condiciones para su propia normalización institucional?
Conclusiones: Hacia una evaluación equilibrada
El experimento salvadoreño no es ni el “milagro” que proclaman sus defensores ni la “catástrofe democrática” que denuncian sus críticos. Es un caso complejo que desafía marcos analíticos tradicionales.
Lo que sabemos: Bukele quebró efectivamente el poder de las maras mediante métodos que violaron estándares democráticos convencionales, pero respondió a una demanda social mayoritaria de seguridad básica.
Lo que no sabemos: Si este modelo puede evolucionar hacia la normalización institucional o si inevitablemente deriva hacia autoritarismo consolidado. Si los beneficios en seguridad son sostenibles sin el mantenimiento indefinido de medidas excepcionales.
La lección regional: El Salvador demostró que Estados débiles pueden recuperar el monopolio de la violencia con decisión política y métodos controvertidos. Pero también evidenció los límites de la seguridad como única política pública.
El verdadero test del modelo no será su capacidad para mantener el orden —eso ya lo logró— sino su habilidad para construir prosperidad inclusiva y transitar gradualmente hacia la normalización institucional. Hasta entonces, El Salvador seguirá siendo simultaneamente una historia de éxito en seguridad y un experimento abierto en los límites de la democracia liberal.
