De cuándo un abogado deja de creerle al sistema que lo formó
Cuando yo sea mayor, quiero ser como Leonel Fernández.
Eso pensaría un estudiante de Derecho que aún no ha tenido que elegir. Que abriera su hoja académica y leyera, en orden: Magna Cum Laude por la UASD en 1978. Premio J. Humberto Ducoudray al mejor estudiante de su promoción. Tesis doctoral titulada El Delito de Opinión Pública, reeditada años después como libro bajo el rótulo El Delito de Opinión: Censura, ideología y libertad de expresión.
A los veinticuatro años, aquel joven jurista no eligió un tema cómodo. Eligió el más peligroso. El delito que separa la república de la tutela: la criminalización del pensamiento.
Pero yo no soy dominicano. Soy abogado español. Llevo quince años ejerciendo en este país, y por eso leo esa hoja de vida desde otro 1978.
Porque 1978 es también el año en que España firmó su Constitución. La que cerró cuatro décadas de delito de opinión convertido en política de Estado. Mientras un estudiante de la UASD escribía sobre cómo los Estados castigan la palabra, mi país estaba aprendiendo a no hacerlo.
Las dos orillas del Atlántico, en el mismo año, mirando el mismo problema desde direcciones opuestas: la española escribió en su artículo 6 que los partidos deben tener estructura interna democrática; la dominicana llegaba al 78 con la fragilidad de una urna cuya continuidad no estaba garantizada.
Quien lee aquella tesis con ojos formados en el 78 español reconoce cada párrafo. Reconoce el manual. Reconoce el peligro. Y reconoce, sobre todo, la promesa: si un país educa a su mejor estudiante de Derecho para escribir contra el delito de opinión, ese país está produciendo sus anticuerpos.
Treinta años después, aquel estudiante había sido tres veces presidente de la República. Y dieciocho años presidente de su partido.
En 2019 perdió las primarias del PLD frente a Gonzalo Castillo. Denunció fraude. Cuando el aparato que él mismo había presidido durante casi dos décadas no le dio la razón, no aceptó las reglas que él mismo había administrado. Tomó como base un partido vacío, el PTD, lo rebautizó Fuerza del Pueblo, y arrastró consigo a parte significativa de la estructura del PLD.
Eso no es migración ideológica. Es adquisición instrumental.
Y aquí no estamos ante un cambio de conducta política. Estamos ante un cambio de plano. Porque cuando perdió, no cuestionó solo el resultado: sustituyó el marco en el que ese resultado tenía sentido.
No cuestionó el sistema hasta que el sistema dejó de darle el resultado.
Ese gesto no es una anomalía. Es coherente con una forma de hacer política en la que el resultado se vuelve negociable cuando el poder lo permite. La forma que en 1978 España estaba abandonando, y para la que la República Dominicana todavía no había escrito su artículo 6.
Aquí entra la pregunta que un extranjero puede hacer sin sonar facción. No es acusación. Es la pregunta más elemental que un abogado le hace a otro abogado:
¿qué tesis sobre la palabra disidente es la que de verdad cree quien, al perder una votación, no acepta la urna y construye otra urna?
Hay una tentación que persigue a todo letrado que se acerca al poder. La de olvidar la propia tesis. La de descubrir que las garantías son cómodas cuando uno es el garante, e incómodas cuando uno es el gobernante. El abogado que estudia los límites del Estado rara vez sobrevive intacto cuando pasa a administrarlos.
No es un defecto dominicano. Es un defecto humano. En España hemos visto a constitucionalistas brillantes convertirse, ya en el ministerio, en los primeros en pedir excepciones. La tentación viaja. Cruza océanos. Sobrevive a las traducciones.
Por eso este artículo no es contra Leonel Fernández. Es contra la versión adulta de cualquier abogado joven que escribió, alguna vez, una tesis luminosa.
Y es, sobre todo, sobre algo más peligroso que un nombre propio: la relación entre el poder y las reglas que lo limitan. Esa relación es estable solo cuando el poder pierde y aún así reconoce las reglas. Lo demás es decoración.
Cuando yo sea mayor, no quiero ser como Leonel Fernández.
Quiero ser como el Leonel Fernández de 1978. El de la tesis. El del premio Ducoudray. El que aún no había tenido que elegir entre lo que sabía y lo que el poder pedía.
Y si alguna vez pierdo una votación, no usar la derrota como pretexto para cambiar las reglas.
Jesús Sánchez-Reolid García, abogado en RD (15 años), Presidente DÓMINE ABOGADOS & ASESORES (tributario, administrativo, corporativo, arbitraje internacional). Máster Arbitraje UNIR.
