Durante años, la gestión del Impuesto sobre la Propiedad Inmobiliaria (IPI) en la República Dominicana ha descansado sobre una práctica administrativa tan extendida como problemática: concentrar la totalidad de la deuda tributaria en un solo titular del inmueble, generalmente aquel que figura como propietario principal en los registros de la Dirección General de Impuestos Internos, aun cuando el bien se encuentre en régimen de copropiedad. La justificación ha sido siempre la misma: facilitar la recaudación, dejando al contribuyente afectado la carga posterior de repetir contra los demás copropietarios.
La sentencia SCJ-TS-25-0677, dictada el 31 de marzo de 2025 por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, pone fin a esa lógica. Y lo hace con una afirmación de fondo que trasciende el caso concreto: la comodidad administrativa no puede sustituir al Derecho ni desfigurar la realidad jurídica del hecho imponible.
La decisión no es relevante por su resultado, sino por su razonamiento. La Suprema no concede un privilegio al contribuyente ni introduce una excepción casuística. Lo que hace es reconducir el IPI a su estructura jurídica correcta, apoyándose en principios elementales del Derecho Tributario: equidad, proporcionalidad y verdad material.
El núcleo del fallo es inequívoco. En un régimen de copropiedad, cada titular ostenta una cuota del derecho de propiedad y, por tanto, debe asumir la carga tributaria en proporción a esa cuota. Imponer el pago íntegro del impuesto a uno solo de los copropietarios no solo es desproporcionado, sino que supone una desnaturalización de los hechos y una ruptura del equilibrio fiscal que debe presidir cualquier sistema tributario mínimamente racional.
La Tercera Sala es especialmente contundente al señalar que el mecanismo tradicional de “pague uno y repita contra los demás” no es una solución jurídica válida. Lejos de restablecer la equidad, genera ineficiencia, costos adicionales y conflictos innecesarios entre particulares. Un sistema tributario que obliga a un contribuyente a financiar temporalmente la obligación de terceros para luego litigar su recuperación no es un sistema justo, sino un sistema cómodo para la Administración y oneroso para el ciudadano.
Pero el alcance de la sentencia va aún más lejos. La Suprema introduce un criterio de enorme trascendencia práctica al abordar la titularidad temporal de la deuda tributaria. El IPI —afirma— se genera en función del conjunto de bienes inmuebles poseídos por una persona en un período determinado. En consecuencia, la deuda corresponde al propietario en el momento del devengo, no al adquirente posterior del inmueble.
Este razonamiento rompe con una práctica administrativa profundamente arraigada, según la cual las deudas de IPI “siguen” al inmueble con independencia de quién haya sido su titular en el período correspondiente. La Suprema corrige esa ficción: el comprador no hereda automáticamente las deudas tributarias del vendedor. Cada sujeto responde por el tiempo en que fue propietario. Solo una disposición legal expresa podría justificar una transmisión automática de la deuda, y esa disposición hoy no existe.
Aunque el caso concreto se refería a una adjudicación judicial, la Sala no limita su doctrina a ese supuesto. Sus fundamentos son plenamente trasladables a compraventas, sucesiones, divisiones de copropiedad y operaciones inmobiliarias en general. Lo que se protege no es una forma de adquisición, sino la correcta identificación del sujeto pasivo del tributo conforme a la realidad material.
Desde la perspectiva del derecho comparado, el criterio adoptado por la Suprema dominicana se alinea con soluciones consolidadas en sistemas tributarios maduros, como el español. En España, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) se devenga el 1 de enero de cada ejercicio, y el sujeto pasivo es quien ostenta la titularidad del inmueble en esa fecha. En casos de copropiedad, cada comunero responde conforme a su cuota. En transmisiones de dominio, la Administración no puede imputar la deuda a quien no era propietario en el momento del devengo, sin perjuicio de los pactos privados entre las partes.
El Tribunal Supremo español ha sido constante en este punto: la potestad recaudatoria no habilita a la Administración a desconocer la realidad jurídica del derecho de propiedad ni a desplazar artificialmente la carga tributaria por razones de mera eficiencia administrativa. La seguridad jurídica y la coherencia del sistema fiscal prevalecen sobre la comodidad del cobro.
La sentencia SCJ-TS-25-0677 coloca al Derecho Tributario dominicano en esa misma senda. No debilita la capacidad recaudatoria del Estado; la legitima. Porque un sistema fiscal solo es sostenible cuando se apoya en reglas claras, proporcionales y respetuosas de la estructura real de los derechos que grava.
El mensaje institucional es claro y directo. La Administración Tributaria debe adecuar sus sistemas, registros y criterios operativos a la doctrina fijada por la Suprema Corte de Justicia. Persistir en prácticas basadas en ficciones administrativas no solo incrementará la litigiosidad, sino que implicará aplicar el IPI en abierta contradicción con la jurisprudencia del más alto tribunal.
Consecuencias prácticas y remedios procesales disponibles
Esta doctrina jurisprudencial no es una declaración abstracta de principios. Es derecho vigente con efectos inmediatos sobre miles de contribuyentes que han soportado indebidamente cargas tributarias desproporcionadas o que han adquirido inmuebles con pasivos fiscales que no les corresponden.
Los contribuyentes copropietarios que hayan pagado el IPI sobre la totalidad del inmueble cuando solo les correspondía una fracción proporcional disponen ahora de fundamento jurisprudencial sólido para exigir la corrección de esa situación. La vía procesal adecuada es el recurso de reconsideración ante la DGII, invocando expresamente la sentencia SCJ-TS-25-0677 y solicitando el recálculo del impuesto conforme a la cuota real de copropiedad que ostentan. Este recurso debe acompañarse de la documentación que acredite el régimen de copropiedad y el porcentaje de participación de cada titular. La DGII no puede ignorar un precedente vinculante de la Suprema Corte sin incurrir en arbitrariedad manifiesta.
En los casos en que la Administración Tributaria persista en determinar el IPI sobre la totalidad del inmueble a un solo copropietario, desconociendo la doctrina establecida, procede la interposición del recurso contencioso tributario ante el Tribunal Superior Administrativo. La sentencia de casación ha fijado criterios que el TSA está obligado a aplicar en virtud del artículo 176 párrafo III del Código Tributario. Cualquier decisión administrativa que contradiga estos principios carece de base legal y debe ser anulada.
Especial atención merece la situación de quienes han adquirido inmuebles mediante adjudicación judicial, compraventa o transmisión sucesoral y han visto imputadas a su cargo deudas de IPI correspondientes a períodos anteriores a su titularidad. La Suprema ha sido categórica: la obligación tributaria del IPI está vinculada al conjunto de propiedades que poseía el titular en el momento del devengo, no al bien considerado aisladamente. El adquirente no asume automáticamente pasivos tributarios del transmitente salvo disposición legal expresa que así lo establezca. Estos contribuyentes pueden recurrir las determinaciones tributarias que les imputen deudas ajenas, exigiendo que la DGII dirija su acción contra el sujeto pasivo correcto: quien ostentaba la titularidad registral en el período fiscal correspondiente.
La DGII deberá también modificar sus protocolos de actualización catastral y sus sistemas de información tributaria para reflejar adecuadamente los regímenes de copropiedad, desagregando las cuotas de participación de cada titular y emitiendo determinaciones tributarias individualizadas por cada copropietario conforme a su porcentaje real. El actual sistema de atribuir la totalidad del inmueble a un solo titular “por comodidad administrativa” ha quedado expresamente invalidado por la jurisprudencia de casación.
En operaciones de transmisión de dominio, compradores y vendedores deben exigir certificaciones de la DGII que discriminen con precisión los períodos fiscales pendientes y el sujeto pasivo responsable de cada uno. No basta con una certificación genérica de “deudas sobre el inmueble”. Debe especificarse quién era el titular registral en cada ejercicio fiscal y, por tanto, quién es el obligado tributario. Solo así se evitarán las transferencias indebidas de pasivos fiscales que la sentencia SCJ-TS-25-0677 ha declarado contrarias a derecho.
Los abogados que representen a contribuyentes en litigios tributarios relacionados con el IPI deben invocar sistemáticamente esta sentencia como precedente vinculante. No se trata de una decisión aislada o de una interpretación coyuntural. Es la fijación de doctrina legal en materia contencioso tributaria por parte del más alto tribunal, con efectos normativos equiparables a los de una reforma legislativa.
Esta sentencia no es un gesto aislado. Es una advertencia. Cuando la comodidad administrativa deja de ser Derecho, corresponde a los tribunales restablecer el orden jurídico. Y esta vez, la Suprema lo ha hecho con claridad y sin ambigüedades. Corresponde ahora a la Administración Tributaria y a la comunidad jurídica aplicar esta doctrina con la coherencia y el rigor que exige un Estado de Derecho fiscal.
