Por Jesús Reolid
Abogado tributarista y Presidente de DÓMINE ABOGADOS & ASESORES
I. La trampa silenciosa del sistema tributario dominicano
Hay una fractura profunda en la relación entre el Estado dominicano y el ciudadano.
No está en una ley concreta, ni en una tasa específica, ni en una reforma pendiente. Está en algo más estructural: en la forma en que el Estado cobra sin que el ciudadano perciba cuánto de su vida está entregando.
Porque el verdadero problema no es cuánto pagas. El verdadero problema es que no sabes cuándo dejas de trabajar para ti y empiezas a trabajar para el fisco.
Pedro trabaja cinco días y medio al mes para el Estado (y no lo sabe)
Tomemos un caso cotidiano, representativo y verificable en su lógica.
Pedro es técnico informático en una empresa de Santo Domingo. Gana RD$50,000 mensuales. Clase media modesta, trabajador formal, sin exenciones especiales.
Cuando mira su nómina, ve que le descuentan:
- RD$2,300 en Impuesto Sobre la Renta (estimación de retención conforme a la escala vigente, susceptible de variar por actualizaciones, deducciones y ajustes de nómina)
- RD$2,955 en seguridad social (5.91% del salario bruto: TSS, pensión y salud)
Total descontado de su nómina: RD$5,255.
Eso es lo que Pedro ve. Lo que no ve es el resto.
Pedro gasta aproximadamente el 60% de su ingreso neto en consumo básico y necesario: alimentos procesados, transporte público, servicios de comunicación, ropa, medicinas. Cada vez que compra cualquiera de estos bienes, paga ITBIS al 18% embebido en el precio.
Eso representa otros RD$4,050 mensuales que van directamente al Estado, pero que Pedro nunca percibe como “impuesto” porque están ocultos en el precio de venta (asumiendo que una parte mayoritaria de ese gasto recae en bienes y servicios gravados y que el impuesto se traslada al precio final).
Suma total de carga fiscal mensual: RD$9,305.
Es decir, 18.6% de su salario bruto.
Traducido a tiempo: 5.5 días completos de trabajo mensual destinados exclusivamente a financiar al Estado.
(Las cifras son estimaciones prudentes basadas en patrones medios de consumo y en la normativa tributaria vigente, pudiendo variar según hábitos individuales de gasto. Lo relevante no es el decimal exacto, sino la magnitud estructural de una carga fiscal que el ciudadano no percibe como tal.)
Pedro trabaja de lunes a viernes. Cada mes, trabaja todo el viernes y medio sábado exclusivamente para el gobierno —en sentido fiscal, es decir, dedica ese tiempo a generar ingresos que el Estado capta con carácter obligatorio y bajo régimen sancionador— sin que nadie se lo haya notificado.
¿Firmó alguna declaración por ese ITBIS que paga en cada compra? No.
¿Recibió alguna comunicación informándole su carga fiscal total? Nunca.
¿Alguien le explicó que casi una quinta parte de su esfuerzo laboral pertenece al Estado? Jamás.
Ese es el impuesto invisible.
Y lo que no se ve, no se cuestiona. Y lo que no se cuestiona, no se controla.
La discusión no es si el Estado debe gastar, sino si el ciudadano puede vincular claramente lo que entrega con lo que recibe. Sin esa vinculación consciente, el impuesto deja de ser contribución democrática y se convierte en extracción opaca.
II. El diseño del sistema: cuando la comodidad administrativa prevalece sobre la justicia tributaria
El sistema tributario dominicano descansa, de manera predominante, sobre los impuestos indirectos. Y eso no es una opinión: es un dato estructural verificado.
Según el Banco Mundial (Revisión del Sistema Tributario, 2021; base 2018):
- 68% de la recaudación total proviene de impuestos indirectos (ITBIS, impuestos selectivos, aranceles)
- Solo el 10% proviene del ISR de personas físicas
- La presión tributaria total apenas supera el 13% del PIB
Esto significa que más de dos tercios de lo que el Estado dominicano recauda provienen de gravar el consumo, no la renta ni el patrimonio.
¿Por qué este diseño?
Porque administrativamente es cómodo.
Un sistema basado en impuestos al consumo presenta las siguientes características: no requiere fiscalizar ingresos complejos; no necesita perseguir patrimonios ocultos con rigor técnico; cobra automáticamente en cada transacción; delega la percepción en terceros (comerciantes, prestadores de servicios); y minimiza la resistencia política porque el tributo es invisible.
Pero esa comodidad administrativa tiene un costo constitucional grave: desdibuja el principio de capacidad contributiva.
El artículo 243 de la Constitución dominicana establece:
“El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.”
Cuando el 68% de la recaudación proviene de impuestos indirectos que gravan por igual el consumo del asalariado que apenas sobrevive y del empresario de alto patrimonio, ¿dónde está la equidad y la justicia tributaria que manda la Constitución?
El artículo 243 de la Constitución establece que el régimen tributario se rige por los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad. Por su parte, el artículo 75.6 consagra el deber de «tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva». La lectura sistemática de ambas disposiciones conduce a que un sistema tributario justo y equitativo (Art. 243) debe respetar necesariamente la capacidad contributiva de cada ciudadano (Art. 75.6). Un sistema que descansa mayoritariamente en impuestos al consumo tensiona seriamente estos principios constitucionales, al recaer desproporcionadamente sobre el consumo y no sobre la capacidad económica real.
Cuando el ITBIS del 18% afecta de la misma manera a quien gana RD$15,000 al mes que a quien gana RD$500,000, ¿dónde está la igualdad tributaria en sentido material?
La respuesta incómoda es: en ninguna parte.
El sistema es legal, pero constitucionalmente frágil: cumple con la forma y tensiona materialmente los principios de justicia y equidad del artículo 243.
III. La carga invisible se multiplica: impuestos, cargas legales y costos obligatorios
El problema se agrava cuando sumamos otras figuras que, aunque técnicamente no sean impuestos, operan como cargas económicas obligatorias impuestas por ley sobre el acto de consumir.
Ejemplo: la propina legal del 10%.
Cuando Pedro sale a comer a un restaurante, su factura incluye:
- El precio base del plato
- ITBIS del 18% sobre ese precio
- Propina legal obligatoria del 10%
Jurídicamente, la propina no es un impuesto. El artículo 228 del Código de Trabajo establece que ese 10% va directamente a los trabajadores del establecimiento, no al Estado. La Suprema Corte de Justicia aclaró en sentencia núm. 033-2021-SSEN-00765 que solo aplica cuando el consumo ocurre dentro del local.
Pero desde el punto de vista del consumidor, es una carga económica obligatoria no negociable impuesta por ley.
No es voluntaria. No es discrecional. No puedes decir “prefiero dar propina directamente”. La ley te obliga a pagarla.
Resultado: Pedro paga 28% adicional sobre el precio base cada vez que consume en un restaurante (18% ITBIS + 10% propina legal).
¿Es esto técnicamente un impuesto? No.
¿Es una carga que encarece el consumo por mandato estatal? Sí.
¿Suma a la percepción de que “todo lo que haces, cuesta más de lo que crees”? Absolutamente.
Este tipo de figuras son importantes porque revelan algo más profundo: el Estado dominicano no solo grava directamente; también construye un entramado de cargas indirectas sobre el consumo que, sumadas, edifican una estructura fiscal donde el ciudadano paga constantemente sin percibirlo.
IV. Cuando el impuesto deja de ser contribución y se convierte en apropiación silenciosa
Aquí es donde el debate fiscal debe abandonar la contabilidad pública y entrar al territorio del Derecho constitucional y la filosofía política.
La advertencia de Robert Nozick
El filósofo político estadounidense Robert Nozick, profesor de la Universidad de Harvard, formuló en su obra Anarquía, Estado y Utopía (1974) una de las críticas más incisivas al poder fiscal moderno:
“La tributación sobre las ganancias provenientes del trabajo equivale al trabajo forzado. Apropiarse de los resultados del trabajo de alguien es equivalente a apropiarse de horas de esa persona y obligarla a realizar diversas actividades.”
El argumento de Nozick no es económico: es moral y jurídico.
Si el Estado se apropia del 20% del fruto de tu trabajo, se está apropiando del 20% de tu tiempo de vida. Estás trabajando ese 20% del tiempo para fines que no elegiste, bajo amenaza de sanción si te niegas.
Conviene ser precisos: Nozick no era anarquista. Defendía un Estado mínimo que garantizara seguridad, tribunales y defensa. Aceptaba impuestos para financiar esas funciones esenciales. La tensión interna entre su crítica radical al impuesto y su aceptación del Estado mínimo es real, reconocida por la doctrina académica, y nunca resuelta plenamente por el propio Nozick.
Pero esa tensión no anula su advertencia central: toda ampliación del poder fiscal es una ampliación del poder estatal sobre la autonomía individual. Y cuando esa ampliación se oculta, se fragmenta o se vuelve incomprensible, deja de ser controlable.
La genealogía del impuesto según Franz Oppenheimer
Franz Oppenheimer, sociólogo alemán, aporta la perspectiva histórica en su obra El Estado (1907), donde desarrolla la llamada “teoría de la conquista del Estado”.
Su tesis central:
“El Estado, completamente en su génesis, esencialmente y casi por completo durante las primeras etapas de su existencia, es una institución social impuesta por un grupo victorioso de hombres sobre un grupo derrotado, con el único propósito de regular el dominio del grupo victorioso sobre el vencido, y asegurarse contra revueltas internas y ataques externos. Teleológicamente, este dominio no tenía otro propósito que la explotación económica de los vencidos por los vencedores.”
Oppenheimer distingue entre dos formas fundamentales de adquirir riqueza:
- Medios económicos: trabajo propio e intercambio voluntario
- Medios políticos: apropiación no recíproca del trabajo ajeno mediante coacción
La tributación, en este marco analítico, pertenece históricamente a los medios políticos.
Importante: Oppenheimer no era libertario. Era un socialista liberal que creía en la transformación democrática del Estado. Precisamente por eso su tesis es incómoda: la fiscalidad solo se legitima cuando deja de ser extracción y se percibe como contribución consciente a un proyecto común.
La consecuencia jurídica para República Dominicana
Cuando Pedro trabaja 5.5 días al mes para el Estado sin saberlo, ¿cuánto de eso es contribución justa a un proyecto colectivo, y cuánto es simple apropiación silenciosa de su tiempo?
La pregunta no es retórica. Es constitucional.
El impuesto necesita algo más que legalidad formal: necesita legitimidad. Y la legitimidad exige:
- Comprensibilidad: que el ciudadano entienda qué paga y por qué
- Proporcionalidad: que quien más tiene, contribuya proporcionalmente más
- Visibilidad: que la carga fiscal no se oculte en precios ni se fragmente en figuras indirectas
- Consentimiento informado: que el ciudadano sepa cuánto entrega en total
Cuando el sistema tributario falla en estos cuatro puntos, el consentimiento fiscal se evapora. Y sin consentimiento, lo que queda ya no es contribución: es tributo en sentido político, es decir, extracción sin control democrático real.
V. El empresario dominicano: cuando formalizarse se convierte en castigo
El discurso oficial insiste recurrentemente en que “los empresarios deben contribuir más”.
Pero ese discurso rara vez distingue entre el gran grupo económico con capacidad de negociación fiscal y el pequeño emprendedor que apenas sostiene su operación.
En la práctica, el pequeño y mediano empresario dominicano enfrenta:
- Impuesto sobre Sociedades al 27% sobre beneficios netos
- ITBIS que debe percibir, declarar y remitir mensualmente
- Impuestos selectivos según el sector
- Retenciones complejas sobre pagos a terceros
- Costos laborales elevados (seguridad social, prestaciones, cesantías)
- Cargas administrativas permanentes (permisos, licencias, certificaciones)
- Y todo esto, frecuentemente, sin acceso real a crédito, sin seguridad jurídica efectiva y sin servicios públicos eficientes a cambio
El mensaje implícito que recibe el emprendedor es peligrosamente claro: formalizarse cuesta, y cuesta mucho.
Cuando la formalización se percibe como castigo y no como ingreso a un sistema de derechos y protecciones, el Derecho deja de ordenar la economía y empieza a expulsarla hacia la informalidad.
Este no es un problema menor. Es un problema estructural que perpetúa la baja presión tributaria, profundiza la desigualdad y debilita el Estado de Derecho.
VI. Derecho comparado: la lección española sobre visibilidad fiscal
Según datos de la OCDE ampliamente reportados en prensa económica especializada, España se sitúa en torno al 36.7% del PIB en presión fiscal (ejercicio 2024). No es un paraíso de baja tributación. Al contrario.
Pero su sistema tributario tiene una característica que en República Dominicana se ha perdido: visibilidad.
El contribuyente español:
- Sabe exactamente cuánto paga en IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas)
- Recibe anualmente un borrador de declaración con todos sus datos fiscales
- Conoce cuánto cotiza a la Seguridad Social (tanto él como su empleador)
- Puede consultar en línea su situación tributaria completa
- Y si es empresario, conoce con precisión su carga fiscal directa e indirecta
El derecho tributario español se articula explícitamente sobre el principio constitucional de capacidad económica (artículo 31.1 de la Constitución española). El Tribunal Constitucional español ha desarrollado extensa jurisprudencia exigiendo que los impuestos graven en función de la riqueza real del contribuyente.
Eso no elimina el conflicto fiscal. España tiene debates intensos sobre la presión tributaria sobre la clase media. Pero el sistema ordena jurídicamente ese conflicto.
El ciudadano español puede exigir porque sabe. Puede cuestionar porque ve. Y el Estado debe justificarse porque la carga fiscal es visible y medible.
En República Dominicana, en cambio, el ciudadano paga sin ver. Y lo que no se ve, no se puede controlar.
VII. Propuestas: cómo devolver legitimidad constitucional al sistema tributario dominicano
El problema no es recaudar. El Estado dominicano necesita recursos para funcionar, proveer servicios, invertir en desarrollo y redistribuir con justicia.
El problema es cómo se recauda, cómo se explica y cómo se controla.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, realista y constitucionalmente fundada, propongo cinco reformas concretas que no requieren revolución fiscal, sino corrección institucional:
Propuesta 1: Transparencia fiscal obligatoria — La Cédula Tributaria Anual
Qué es:
El Estado dominicano debe informar anualmente a cada contribuyente inscrito en la DGII —de forma clara, consolidada y accesible— cuál ha sido su carga fiscal total durante el año anterior.
Contenido mínimo obligatorio:
- Impuestos directos pagados (ISR)
- Cotizaciones obligatorias a la seguridad social (TSS)
- Estimación de impuestos indirectos pagados (basada en nivel de consumo declarado o estimado según renta)
- Total en pesos y en porcentaje de la renta bruta
- Total expresado en días de trabajo anuales dedicados a financiar al Estado
Fundamento jurídico:
Artículo 243 de la Constitución (principio de legalidad tributaria) + derecho fundamental a la información pública (artículo 49).
Implementación:
Técnicamente viable mediante interoperabilidad DGII–TSS y reporte agregado, preservando la protección de datos y sin exponer consumos individualizados.
Impacto esperado:
Cuando el ciudadano vea negro sobre blanco que entregó 60 días de trabajo al Estado, exigirá saber en qué se gastaron esos 60 días. Eso restaura el consentimiento fiscal informado y fortalece la democracia.
Propuesta 2: Reequilibrio progresivo entre impuestos directos e indirectos
Qué significa:
Reducir gradualmente el peso de los impuestos al consumo (regresivos) y aumentar proporcionalmente los impuestos directos sobre renta y patrimonio (progresivos).
Cómo hacerlo sin colapsar la recaudación:
Fase 1 (corto plazo, 1-2 años):
- Reducir ITBIS del 18% al 16% en bienes y servicios de consumo básico ampliado (alimentos procesados, transporte, medicinas, educación básica)
- Mantener ITBIS al 18% en bienes suntuarios y servicios de lujo
- Compensar con eliminación gradual de exenciones fiscales injustificadas a sectores de alta renta, asegurando neutralidad recaudatoria mediante revisión de gastos tributarios y ampliación de base efectiva
Fase 2 (mediano plazo, 3-5 años):
- Fortalecer ISR mediante ampliación de la base (reducir evasión, incluir rentas de capital con tasas diferenciadas)
- Crear un impuesto sobre grandes patrimonios (>USD 5 millones) con tasa marginal baja pero base amplia
- Implementar régimen efectivo sobre herencias y donaciones de alto valor (actualmente inexistente en la práctica)
Fundamento constitucional:
Artículo 75.6 de la Constitución (deber de contribuir en proporción a la capacidad contributiva) en conexión con el artículo 243 (justicia y equidad del régimen tributario).
Resultado esperado:
Que quien gana RD$50,000 al mes tribute proporcionalmente menos que quien gana RD$500,000 al mes. Hoy ambos pagan casi lo mismo en términos porcentuales porque el ITBIS es ciego a la renta.
Propuesta 3: Actualización automática del mínimo exento del ISR
El problema:
El mínimo exento del ISR (actualmente RD$416,220 anuales para 2025) lleva años sin ajustarse adecuadamente a la inflación real. Resultado: trabajadores de clase media baja que hace cinco años no pagaban ISR, hoy sí pagan, sin que haya aumentado su poder adquisitivo real.
Eso es un aumento de impuestos encubierto.
La solución:
Vincular legalmente el mínimo exento a un índice objetivo actualizable automáticamente cada año, sin necesidad de nueva ley.
Fórmula propuesta:
Mínimo exento año N = Mínimo exento año N-1 × (1 + índice de inflación anual publicado por el Banco Central)
Alternativa más ambiciosa:
Vincular el mínimo exento a un múltiplo del salario mínimo nacional (por ejemplo, 24 veces el salario mínimo mensual).
Fundamento jurídico:
Artículo 75.6 de la Constitución (capacidad contributiva) — quien apenas sobrevive, no tiene capacidad contributiva real.
Beneficiados:
Trabajadores formales de clase media baja que hoy tributan como si tuvieran capacidad económica sobrante, cuando en realidad apenas cubren necesidades básicas.
Propuesta 4: Régimen Simplificado Integrado para Pequeños Contribuyentes (RESIPC)
Diagnóstico:
El pequeño empresario dominicano enfrenta costos administrativos y obligaciones formales desproporcionadas respecto a su volumen de facturación. Eso desincentiva la formalización y perpetúa la informalidad.
Propuesta:
Crear un régimen tributario único, simplificado e integrado para pequeños contribuyentes (personas físicas y jurídicas con facturación anual menor a RD$5 millones), que unifique:
- ISR
- ITBIS
- Cotizaciones TSS
- Impuestos municipales
En una sola cuota mensual fija o proporcional a la facturación, con:
- Declaración trimestral simplificada (no mensual)
- Exención de llevar contabilidad formal (solo libro de ingresos y gastos)
- Tarifa reducida progresiva (por ejemplo: 5% sobre facturación bruta hasta RD$2M anuales; 8% de RD$2M a RD$5M)
- Inclusión automática en seguridad social con aportes proporcionales
Inspiración internacional:
Monotributo argentino, Simples Nacional brasileño, Régimen de Incorporación Fiscal mexicano.
Beneficio esperado:
Formalización masiva de pequeños negocios que hoy operan en la sombra porque formalizarse es administrativamente inviable.
Propuesta 5: Fortalecimiento del control constitucional material sobre justicia tributaria
Qué falta:
El Tribunal Constitucional dominicano ha desarrollado jurisprudencia sobre los principios del artículo 243, pero mayormente en sede de control formal (legalidad, procedimiento legislativo).
Falta un control material robusto que evalúe si un impuesto, aunque formalmente legal, viola sustancialmente la capacidad contributiva o tiene efectos confiscatorios.
Propuesta:
Que el Tribunal Constitucional, mediante el ejercicio de sus competencias de control constitucional, consolide criterios de control material que evalúen si un impuesto, aunque formalmente legal, viola sustancialmente la capacidad contributiva o tiene efectos confiscatorios.
Propuesta:
Que el Tribunal Constitucional consolide estándares claros y vinculantes sobre:
- Test de regresividad tributaria: Cuando un impuesto afecta proporcionalmente más a rentas bajas que a rentas altas, debe justificarse con razones constitucionalmente imperiosas
- Test de confiscatoriedad: Fijar porcentajes máximos orientativos de carga fiscal total sobre la renta (por ejemplo, un tope del 40% combinando todos los impuestos directos e indirectos)
- Test de finalidad: Todo impuesto debe perseguir una finalidad constitucionalmente legítima (recaudación, redistribución, corrección de externalidades), no simplemente conveniencia administrativa
Inspiración comparada:
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional español sobre confiscatoriedad (STC 150/1990, STC 194/2000) y del Tribunal Constitucional alemán sobre límite de tributación (sentencia del 50% sobre herencias).
Resultado esperado:
Que el Congreso Nacional, al diseñar impuestos, sepa que será controlado no solo en la forma, sino en la justicia material de lo que aprueba.
VIII. Conclusión: no menos Estado, mejor Derecho tributario
El filósofo Robert Nozick nos advirtió que el impuesto es tiempo de vida apropiado.
El sociólogo Franz Oppenheimer nos enseñó que el impuesto nace históricamente como extracción organizada de poder.
El derecho comparado nos demuestra que la legitimidad fiscal no depende solo de cuánto se cobra, sino de cómo se cobra y cómo se explica.
La República Dominicana no necesita menos Estado.
Necesita mejor Derecho tributario.
Un Derecho tributario que:
- Respete el artículo 243 de la Constitución no solo formalmente, sino materialmente
- Haga visible lo que hoy es invisible
- Grave la capacidad económica real, no el mero acto de sobrevivir consumiendo
- Simplifique en lugar de castigar a quien se formaliza
- Y someta al poder fiscal al control democrático efectivo
Porque cuando el impuesto se vuelve invisible, el poder se vuelve cómodo.
Y cuando el poder se vuelve cómodo, el Derecho deja de cumplir su función esencial: limitarlo y legitimarlo.
Ese —y no otro— es el verdadero debate fiscal que el país dominicano tiene pendiente.
No se trata de recaudar más o recaudar menos.
Se trata de recaudar con justicia, con transparencia y con dignidad constitucional.
Porque al final, un sistema tributario justo no es una concesión del poder: es una exigencia del Estado de Derecho.
Jesús Reolid
Abogado tributarista
Presidente de DÓMINE ABOGADOS & ASESORES
Profesor de Derecho Tributario
Santo Domingo, República Dominicana
Notas
[1] Cálculos basados en: tarifas ISR vigentes 2025 (Ley 11-92 modificada), cotizaciones TSS según Ley 87-01, ITBIS según Código Tributario dominicano.
[2] Datos de estructura recaudatoria: Banco Mundial, República Dominicana Revisión del Sistema Tributario, 2021 (datos base 2018). El 68% de impuestos indirectos incluye ITBIS, selectivos y aranceles.
[3] Robert Nozick, Anarchy, State, and Utopia, Basic Books, 1974, p. 169. Traducción propia.
[4] Franz Oppenheimer, Der Staat (1907), traducción inglesa The State, John M. Gitterman (trad.), B.W. Huebsch, 1922, pp. 8-9 y 24-27. Traducción propia al español.
[5] Propina legal: Art. 228 Código de Trabajo dominicano; Suprema Corte de Justicia, Sentencia núm. 033-2021-SSEN-00765 (consumo dentro del local). Poder Judicial de la República Dominicana, comunicado institucional (9 de septiembre de 2021).
[6] Constitución de la República Dominicana (2024), artículo 243.
[7] Presión fiscal España: OCDE, Revenue Statistics (última edición disponible) y referencias en prensa económica especializada (diciembre 2024) sobre una presión fiscal de España en torno al 36.7% del PIB para el ejercicio 2024.
