Por Jesús Sánchez-Reolid García
Vivimos un error de diagnóstico peligroso. Se sigue analizando la realidad política contemporánea como si estuviéramos ante una crisis cíclica del sistema democrático liberal, cuando en realidad nos encontramos ante algo cualitativamente distinto: un cambio de época. No asistimos a un simple desplazamiento ideológico ni a un giro conservador más o menos intenso, sino a una mutación estructural del poder, de sus formas de ejercicio y, sobre todo, de sus mecanismos de legitimación.
En este sentido, el reciente texto de Steven Forti, Diez tesis sobre la nueva era, acierta en un punto esencial: el mundo construido tras 1945 ha terminado. El orden liberal internacional, el multilateralismo, la centralidad del Derecho internacional y la democracia representativa con un mínimo contenido social ya no organizan el poder real. Pretender lo contrario es una forma de negación.
Ahora bien, reconocer el fin de una era no implica aceptar sin crítica el relato que algunos construyen sobre sus causas y consecuencias.
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Del Estado de Derecho al poder transaccional
Uno de los rasgos más inquietantes de la nueva etapa es la sustitución progresiva del Estado de Derecho por una lógica de poder transaccional y depredadora, tanto en el plano internacional como en el interno. El Derecho deja de ser límite y pasa a ser instrumento. Las normas ya no estructuran el poder; lo acompañan cuando conviene y se ignoran cuando estorban.
La erosión del multilateralismo no es solo un fenómeno geopolítico. Es, sobre todo, una crisis de juridicidad. El desprecio abierto por los organismos internacionales, la relativización de la legalidad internacional y la normalización de la fuerza como criterio último de decisión anuncian el retorno de una lógica preconstitucional: la del más fuerte, ahora legitimada por la tecnología, la seguridad o la eficiencia.
No estamos ante un regreso al imperialismo clásico, sino ante algo más sofisticado y más peligroso: hegemonía sin responsabilidad jurídica, poder sin rendición de cuentas.
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El verdadero riesgo: el Estado capturado
Aquí conviene disentir de muchos análisis simplistas. El problema contemporáneo no es el tamaño del Estado, sino su captura. Lo que emerge no es un “menos Estado”, sino un Estado colonizado por intereses privados, especialmente tecnológicos, que ya no se limitan a influir, sino que aspiran a gobernar directamente.
Pero esta captura no es accidental ni coyuntural. Es la consecuencia estructural de concentrar poder decisorio sin límites efectivos. Cuanto más puede hacer un Estado —regular, subsidiar, prohibir, privilegiar— más rentable resulta capturarlo. La solución no pasa por cambiar de captor ni por depositar fe ciega en la “buena gobernanza”. Pasa por reducir el botín disponible mediante límites constitucionales reales y exigibles.
La alianza explícita entre élites tecnológicas y proyectos autoritarios marca un punto de inflexión. Cuando infraestructuras críticas, datos, algoritmos y decisiones estratégicas quedan en manos de actores privados sin control democrático ni responsabilidad jurídica, el constitucionalismo se vacía por dentro.
El riesgo no es el mercado, sino el mercado convertido en soberano. No es la innovación, sino la innovación sin límites normativos. No es la eficiencia, sino la eficiencia erigida en criterio supremo de legitimidad política.
Desde una perspectiva jurídica, esto supone la negación misma del Estado de Derecho: poder sin ley, decisión sin control, gobierno sin responsabilidad.
Y lo más inquietante es que este proceso no avanza mediante rupturas violentas, sino mediante normalización progresiva, comodidad tecnológica y cansancio social.
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Tres fuerzas convergentes
Vamos hacia ese escenario. No como destino inevitable, pero sí como trayectoria dominante. Y convergen tres fuerzas que nunca antes habían coincidido con esta intensidad:
Primera. Tecnología sin control jurídico real.
El poder hoy no necesita violencia visible. Necesita datos, algoritmos, dependencia y trazabilidad. Quien controla infraestructuras digitales controla comportamientos. El Derecho va siempre detrás, y cuando llega, llega tarde, fragmentado y capturado por los mismos actores que pretende regular.
Segunda. Estados debilitados pero no desaparecidos.
El Estado no muere: se transforma en gestor de seguridad, deuda y orden mínimo. Renuncia a proteger al ciudadano frente al poder económico y tecnológico, pero conserva intacta su capacidad coercitiva. Es el peor escenario posible: Estado fuerte contra el débil y débil frente al fuerte.
Tercera. Ciudadanos exhaustos.
La gente no pide libertad. Pide que la dejen en paz. Pide estabilidad, precio, seguridad, rapidez. Y está dispuesta a ceder derechos a cambio de previsibilidad. No por maldad, sino por agotamiento. Eso no es teoría conspirativa. Es sociología básica del poder en tiempos de crisis prolongada.
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Democracia formal, legitimidad material
Forti acierta al señalar la degradación de la democracia a mera formalidad procedimental. Pero se equivoca al atribuir este proceso exclusivamente al neoliberalismo. La desafección democrática también se ha alimentado de Estados hipertrofiados, ineficientes, corruptos y normativamente asfixiantes, incapaces de cumplir sus propias promesas.
La democracia no muere solo cuando se recortan derechos, sino también cuando pierde credibilidad. Cuando el ciudadano percibe que vota, pero no decide; que paga, pero no recibe; que cumple, pero no es protegido. Ese vacío de legitimidad ha sido el caldo de cultivo perfecto para liderazgos autoritarios que prometen orden, rapidez y resultados.
Todas las transiciones hacia órdenes autoritarios han seguido el mismo patrón: crisis prolongada, pérdida de confianza en instituciones, promesa de eficiencia, desprecio por el procedimiento, aceptación social del recorte de garantías.
La diferencia es que ahora no hace falta suspender constituciones. Basta con dejarlas sin efecto práctico.
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Autoritarismo, sí; fascismo, no siempre
Es intelectualmente honesto rechazar el uso indiscriminado del término “fascismo”. No todo autoritarismo contemporáneo encaja en las categorías del siglo XX. Lo que hoy emerge es una renovación del pensamiento antiilustrado, profundamente antiigualitario, que desprecia la universalidad de los derechos y reivindica jerarquías morales, culturales o identitarias.
Se puede ser reaccionario y antidemocrático sin camisas negras ni movilización de masas. De hecho, el nuevo autoritarismo prefiere ciudadanos aislados, fragmentados y dependientes, no masas organizadas.
Desde el Derecho, esto obliga a abandonar etiquetas tranquilizadoras y afrontar el problema real: la disolución de los límites jurídicos al poder.
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Religión, identidad y legitimación
La instrumentalización de la religión como fuente de legitimidad política resulta especialmente preocupante. No se trata de fe genuina, sino de identidad excluyente erigida en criterio de poder. El problema no es que los ciudadanos crean, sino que el poder pretenda fundar su autoridad en creencias no universalizables. Eso no es orden moral: es arbitrariedad sacralizada.
Cuando Dios sustituye a la Constitución, la fe a la ley y la identidad a la ciudadanía, el resultado no es comunidad, sino exclusión legitimada. Y el Derecho moderno nació precisamente para superar ese régimen.
Este fenómeno atraviesa culturas y religiones. No es un problema confesional, sino político-jurídico: la ruptura del principio de neutralidad del poder y la subordinación del Derecho a una moral excluyente.
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El punto ciego de muchas respuestas
Donde muchos análisis, incluido el de Forti, resultan insuficientes es en la respuesta. Apelar a la participación, a la comunidad o a la movilización sin responder a la cuestión central —cómo limitar el poder en la era tecnológica— es quedarse en la consigna.
La pregunta decisiva no es “quién gobierna”, sino cómo se gobierna y con qué límites. Sin una reconstrucción seria del constitucionalismo —adaptado a la realidad digital, económica y geopolítica actual— toda resistencia será estéril o meramente simbólica.
Esa reconstrucción no puede pasar por más regulación estatal, porque el Estado ya está capturado. Debe pasar por:
— Responsabilidad civil reforzada de actores tecnológicos, no regulación ex ante, sino consecuencias ex post exigibles.
— Competencia real, con instituciones antimonopolio independientes y efectivas.
— Transparencia algorítmica como garantía procesal, no como aspiración programática.
— Separación estructural entre infraestructuras críticas y servicios privados.
— Límites constitucionales claros al uso de datos personales y a la vigilancia masiva.
No se trata de hostilidad hacia la tecnología ni de nostalgia predigital. Se trata de algo más básico: poder sin control jurídico no es progreso. Es regresión.
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Líneas de resistencia real
No hay soluciones heroicas ni colectivas inmediatas. Quien prometa una salida limpia miente o no entiende el momento histórico.
Pero sí hay líneas de resistencia real, no romántica:
Primero. No delegar la conciencia jurídica.
El ciudadano que no entiende qué derechos pierde no lucha por ellos. Conocer el Derecho, aunque no seas jurista, es hoy un acto político. Saber cuándo una medida es ilegal aunque sea popular es fundamental. El autoritarismo moderno no prohíbe: normaliza.
Segundo. Mantener autonomía material mínima.
Dependencia absoluta significa sumisión. Endeudamiento estructural, subsidio permanente, plataformas únicas, pagos sin alternativa, identidad digital obligatoria… todo eso reduce margen de decisión. No es ideología: es supervivencia cívica.
Tercero. No sacrificar el procedimiento por el resultado.
Cuando aceptas que “da igual cómo se haga mientras funcione”, has perdido. El procedimiento es la libertad en acción. Sin él, el poder decide hoy a tu favor y mañana contra ti, sin límite ni garantía.
Cuarto. Desconfianza activa, no cinismo.
El cinismo paraliza. La desconfianza activa vigila, cuestiona, documenta, conserva memoria. El poder sin control se alimenta del olvido y de la desinformación organizada.
Quinto. Comunidad no identitaria.
La nueva servidumbre es individual. La nueva resistencia es relacional. Pero cuidado: no tribus ideológicas, no banderas, no sectas. Comunidad jurídica, cívica, concreta. La identidad excluyente es el combustible del nuevo orden. La comunidad basada en reglas compartidas es su límite.
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Conclusión
El verdadero enemigo de nuestro tiempo no tiene una ideología concreta. Es el poder sin Derecho, el gobierno sin límites, la decisión sin responsabilidad. Da igual que se vista de eficiencia, de identidad, de seguridad o de progreso tecnológico.
Si algo exige esta nueva era es menos fe ciega y más Derecho. Pero no cualquier Derecho: Derecho como límite, no como arma; como estructura, no como instrumento; como garantía frente al poder, no como legitimación del mismo.
Esto no se resuelve en una legislatura, ni con un líder carismático, ni con un cambio de gobierno. Se resuelve —si se resuelve— con ciudadanos que no renuncian a serlo.
La historia es clara en esto: cuando la gente acepta ser gestionada en lugar de gobernada, el Derecho se convierte en decoración.
No viene una dictadura clásica. Viene algo más estable, más eficiente y más difícil de combatir.
Solo hay una pregunta relevante:
¿Quieres ser sujeto de Derecho o usuario del sistema?
Esa elección, hoy, ya es política.
Cuando el Derecho deja de limitar al poder y pasa a explicarlo, la libertad ya ha sido derrotada, aunque nadie lo haya notado todavía.
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Referencia:
Steven Forti, Diez tesis sobre la nueva era. Construida sobre las ruinas del neoliberalismo…, CTXT, 12 de enero de 2026.
